02/12/2025
12:01 AM

Familias Zelaya, Moncada y Dubón concentran el nepotismo del gobierno: CNA

El CNA denunció el viaje de seis integrantes de la familia presidencial, incluyendo a personas que no son funcionarios públicos.

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha revelado en un informe la prevalencia del nepotismo en el Estado, identificando la concentración de poder en al menos tres familias prominentes.

Según la investigación del CNA, la familia presidencial y la familia de Rixi Moncada, precandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), son las que más familiares tienen en diversas instituciones gubernamentales.

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El informe destaca que durante la Cumbre Climática realizada a finales de 2023 en Emiratos Árabes Unidos, viajaron seis integrantes de la familia presidencial, incluyendo a personas que no son funcionarios públicos.

Entre ellos estaban Evelyn Rosales Ponce, esposa del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya; junto a sus hijos José Manuel Zelaya, ministro de Defensa, y Guillermo Antonio Rosales, fungiendo como intérprete.

El CNA señala que también viajó el médico de la familia presidencial y esposo de la hermana de la presidenta Castro. En total, doce integrantes de los Zelaya Castro trabajan en el gobierno, devengando un salario, según el informe.

Asimismo, la familia del asesor presidencial Enrique Flores Lanza fue identificada con siete integrantes en el Poder Ejecutivo, Judicial y el servicio exterior.

Por otro lado, la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, tiene a diez de sus familiares trabajando para el gobierno y en consulados de Estados Unidos.

El CNA detalla que el Estado eroga 6.7 millones de lempiras al mes debido al nepotismo en altos niveles. Sin embargo, también precisaron que no encontraron documentación sobre 25 personas relacionadas a estas tres familias que han sido nombradas como ad honorem.

Finalmente, el organismo de sociedad civil presentó una propuesta para crear una Ley contra el Nepotismo, con el fin de establecer no solo condenas morales, sino también medidas legales concretas para combatir esta práctica.