Tegucigalpa
Las negociaciones políticas derivadas del proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia habrían propiciado la creación de nuevos altos puestos o figuras dentro del aparato estatal.
Uno de ellos es el nombramiento de un segundo fiscal general adjunto, que según las primeras opiniones de los políticos no solo tendría potestades administrativas, sino también la facultad de ejercer la acción penal.
Proceso
La elección del fiscal general y fiscal adjunto se desarrolla en varias fases, y durante el proceso los participantes son sometidos a varias etapas de investigación y evaluación por una junta proponente nombrada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La Junta Proponente estará presidida por la presidencia de la Corte, acompañada por otro magistrado, un representante de la Unah, un miembro de sociedad civil, uno del Colegio de Abogados y otro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Una vez integrada se convoca a la fase de propuestas.
Sin embargo, ni la Ley Orgánica del Ministerio Público ni la Constitución de la República incluyen en la actualidad esta posibilidad. Para ello debe hacerse, vía Congreso Nacional, la reforma del artículo 233 de la Constitución de la República y de la misma ley que rige al ente acusador del Estado.
Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, explicó que “se dialogó sobre la Corte Suprema de Justicia, se llegó a un acuerdo bueno, tal vez no el mejor, pero sí bueno, para la Fiscalía y Tribunal Superior de Cuentas, (que) haya tiempo todavía y va a haber pláticas para poder elegir a las mejores personas”.
En relación con las reformas que podrían venir para dar ese paso, Rivera enfatizó en que “hay que analizar qué es lo mejor para el Ministerio Público, si modificar las funciones del fiscal general adjunto, que tenga mayor injerencia y que no solo sea meramente administrativo, y también del director de fiscales”.
Además, concretar si el cargo del director de fiscales de una nueva Dirección de Fiscalías sería nombrado por el Congreso Nacional o por el nuevo fiscal general de la república.
Oposición
Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional y miembro del Partido Salvador de Honduras (PSH), lamentó que las decisiones se estén tomando en función de la repartición de poderes dentro de las instituciones del Estado.
“Nos parece lamentable que en el marco de la elección de la Corte Suprema de Justicia, que sea independiente, se está hablando de configurar las instituciones —que por naturaleza deben ser independientes— para que puedan responder a una situación del tripartidismo; eso me parece nefasto”.
Según Mena, crear una tercera figura dentro del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras, solamente para que respondan a la nueva repartición del poder en Honduras a través de la alianza de Libertad y Refundación, Partido Nacional y el Partido Liberal sería reprobable.
