Organizaciones de mujeres de Honduras, aglutinadas en la plataforma 25 de Noviembre, pidieron ayer a los cinco candidatos a la Presidencia en las elecciones generales del 30 de noviembre suscribir un "pacto social y fiscal por los derechos de las mujeres".
Las entidades también solicitaron "la construcción de un clima de no violencia política hacia las mujeres en el actual proceso electoral".
En un comunicado, indicaron que el pacto se sustenta en principios fundamentales como igualdad y no discriminación; justicia social y redistribución; participación y transparencia, y sostenibilidad y corresponsabilidad.
Además, exigieron que quienes aspiran a gobernar el país asuman compromisos concretos que garanticen la vida, la dignidad y la igualdad de las mujeres hondureñas, entre los que destacan un presupuesto con enfoque de género y una política fiscal; así como asignar progresivamente un mínimo del 20 % del presupuesto institucional a programas de igualdad con alrededor de dos millones de dólares anuales para la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Entre otras demandas figuran reformar la Ley Orgánica de Presupuesto para incluir la perspectiva de género y renovar el convenio interinstitucional de Ciudad Mujer; eliminación de impuestos discriminatorios, exonerar del Impuesto Sobre Ventas los productos de higiene menstrual y garantizar su inclusión en la canasta básica.
También, abogaron por destinar al menos el 20 % del impuesto sobre bebidas alcohólicas a Casas Refugio y medidas de protección para mujeres sobrevivientes de violencia y programas de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas.
Asimismo, crear un régimen de incentivos fiscales con enfoque territorial para empresas que acrediten prácticas de igualdad, suspender exoneraciones a empresas que incumplan compromisos en materia de derechos de las mujeres y ampliar los Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres y fortalecer el Ministerio Público (Fiscalía).
Se suman a las peticiones la aprobación de una ley contra la violencia política hacia las mujeres y asegurar el cumplimiento del 15 % de la deuda política para el fortalecimiento del liderazgo femenino y una reforma electoral que garantice la participación en condiciones de igualdad a las mujeres, acceso a salud y justicia con enfoque de género y garantizar servicios de salud sexual y reproductiva.
Y es que según la denuncia de activistas, Honduras es uno de los países "más difíciles para ser mujer" y se agrava si se pertenece a la comunidad LGBTIQ+, grupos étnicos o se tiene una discapacidad.
De acuerdo con cifras oficiales, unas 7.736 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2005 y 2024, y más del 95 % de los casos “quedan sin justicia”
Además, según el Centro de Estudios de la Mujer (CDM), entre 2021 y 2023, el Ministerio Público registró 73.097 denuncias de violencia contra la mujer, con un promedio anual de 16.000 denuncias de violencia doméstica y 3.200 por delitos sexuales.
