El 10 de junio, los fiscales anticorrupción presentarán en la audiencia inicial facturas, recibos, contratos, una pericia técnica y una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que forman parte del legajo de pruebas con las que buscan un auto de formal procesamiento contra Gabriel Rubí, exministro de Copeco, y otros exfuncionarios de esa institución.
La Fiscalía acusa a Rubí; a Gustavo Adolfo Cruz Gómez, excomisionado de Copeco; a la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de Copeco, Arlette Montero; a Cristian Elías Santeli, exadministrador de esta entidad (prófugo de la justicia), y el apoderado legal de la empresa JF Construcciones, Fernando Sierra, de sobrevalorar la edificación del centro de triaje del Hospital Cardiopulmonar El Tórax.
Copeco desembolsó cuatro millones de lempiras por la edificación, pero los fiscales detectaron una sobrevaloración de 1.4 millones de lempiras.
CLAVES
1__El juez admitió una caución de cinco millones de lempiras planteada por Rubí, que le permitió al exfuncionario de Copeco defenderse de los cargos en libertad.
2__También aceptó una caución hipotecaria presentada por los otros tres imputados.
3__Los imputados no pueden salir del país y deben presentarse periódicamente al juzgado a firmar un libro que determina su presencia en el país.
Las investigaciones de la Fiscalía anticorrupción determinaron que, además de la sobrevaloración, no se realizaron actividades de supervisión al proyecto de una empresa privada dedicada al rubro o de alguna unidad técnica de Copeco.
Al no realizarse la supervisión de la obra conllevó a no contar con un control adecuado del proyecto, esto originó que se pagaran por la institución obras no ejecutadas por la empresa constructora por 996,860 lempiras.
En la auditoría del TSC -que forma parte del proceso judicial- aseguran que la empresa JF Construcciones reintegró este valor al Estado de Honduras; no obstante, los fiscales insisten en que el delito de fraude se consumó.
Además, alegan que para la construcción del triaje no se realizaron cotizaciones con otras empresas constructoras, lo que no permitió al Estado de Honduras comparar precios, condiciones técnicas y de calidad.
“Esta deficiencia dio como resultado una sobrevaloración en las obras contratadas por un valor de 653,697.38 lempiras”, advierte la auditoría del TSC.
La medianoche del jueves, el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción dictó medidas distintas a la prisión a los cuatro acusados que comparecieron en la audiencia de declaración de imputado, entre ellos, Gabriel Rubí. Son acusados de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
