Tegucigalpa, Honduras.
Desde hace cinco meses, la Comisión Especial para el Proceso de Transformación y Depuración de la Policía Nacional entregó un legajo de cajas y documentos al Ministerio Público sobre elementos policiales vinculados con el crimen organizado, pero hasta ahora no se ha emitido ningún requerimiento fiscal de los señalados en actos irregulares.
Los depuradores denunciaron a más de 500 miembros de la institución policial vinculados con actos ilícitos.
Para llevar a cabo estas indagaciones, el Ministerio Público conformó la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial.
A este equipo se unieron elementos de la Atic, quienes intervinieron la Secretaría de Seguridad, de donde sustrajeron una serie de evidencias.
Estos operativos se extendieron a postas policiales del país e inclusive al Instituto Nacional Penitenciario, pero todavía no se revelan los resultados. Pese a los escasos resultados del Ministerio Público, la entidad controladora emitió varios requerimientos fiscales, pero para agentes policiales involucrados en delitos leves como abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
Omar Rivera, de la comisión, dijo que “confiamos en el fiscal general Óscar Chinchilla y ojalá que en el corto plazo podamos tener requerimientos fiscales y la sanción ejemplar”.
Desde hace cinco meses, la Comisión Especial para el Proceso de Transformación y Depuración de la Policía Nacional entregó un legajo de cajas y documentos al Ministerio Público sobre elementos policiales vinculados con el crimen organizado, pero hasta ahora no se ha emitido ningún requerimiento fiscal de los señalados en actos irregulares.
Los depuradores denunciaron a más de 500 miembros de la institución policial vinculados con actos ilícitos.
Para llevar a cabo estas indagaciones, el Ministerio Público conformó la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial.
A este equipo se unieron elementos de la Atic, quienes intervinieron la Secretaría de Seguridad, de donde sustrajeron una serie de evidencias.
Estos operativos se extendieron a postas policiales del país e inclusive al Instituto Nacional Penitenciario, pero todavía no se revelan los resultados. Pese a los escasos resultados del Ministerio Público, la entidad controladora emitió varios requerimientos fiscales, pero para agentes policiales involucrados en delitos leves como abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
Omar Rivera, de la comisión, dijo que “confiamos en el fiscal general Óscar Chinchilla y ojalá que en el corto plazo podamos tener requerimientos fiscales y la sanción ejemplar”.
