El expresidente y asesor, Manuel Zelaya Rosales, se refirió en exclusiva a LA PRENSA sobre los 14 recursos de inconstitucionalidad que se encuentran en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionados a la amnistía política.
El también coordinador general de Libertad y Refundación (Libre) consideró que si los recursos son declarados ha lugar o si son revisados por el Pleno de Magistrados de la CSJ, se puede desencadenar una desestabilización en contra del gobierno de Xiomara Castro.
“En relación a los recursos que aceptó la Corte anunciados por su presidente, es el preludio de una crisis política de grandes proporciones que puede resultar, Dios no lo permita, en la desestabilización total del gobierno de Xiomara”, inició diciendo.
Y agregó que “lamentable que la Corte, que ya se va y que tienen meses de estarlos ‘chineando’, igual que en el recién pasado se prestó como la anterior Corte a un golpe de Estado militar. Ahora de nuevo están diligentes a aceptar recursos que tienen meses de estar en su poder y ahora que el Congreso se apresta a nombrar una nueva Corte los acepten como mensaje entre velos de la construcción de una fuerte crisis entre poderes del Estado”.
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Asimismo, Zelaya lamentó que estos recursos quieran dar pie al tema de la legalidad de la junta directiva del Congreso Nacional aunque desde el Poder Judicial anunciaron que no van entrelazados dichos temas.
“Es este momento crear duda y poner en tela de juicio la constitución de un poder del Estado y solo insinuar que es ilegal su directiva y su instalación es un ataque directo al sistema republicano y a la incipiente democracia hondureña que nos costó sangre dolor y lágrimas llegar a este momento y que el pueblo no está dispuesto a retroceder”.
Zelaya ironizó aduciendo que si la junta directiva del Congreso es ilegal o pretenden nombrarla ilegal, entonces todo lo aprobado por el Legislativo dónde queda.
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“El gobierno se constituye con tres poderes y en el supuesto de estos recursos que la instalación definitiva que lo manda la Constitución para el 23 enero se realizó ilegalmente como lo insinúa los recursos, todo el Estado estaría funcionando en la ilegalidad por tanto se pone en precario toda la ejecución y la cantidad de proyectos decretos leyes que se han aprobado en estos 10 meses”, acotó.
“La majestuosidad de la justicia no se debe utilizar para asuntos políticos y cuando también se dice que la sentencia puede tardar varios meses... Está claro que es un caso de lawfare -guerra jurídica-, manipulación que sabemos cómo se inicia pero que no sabemos cómo puede terminar”, agregó.
Para concluir, el asesor reforzó la legalidad de la directiva del Congreso y pidió a la Sala Constitucional pronunciarse lo antes posible con respecto a los 14 recursos.
“La junta directiva del Congreso Nacional es totalmente legítima y se eligió cuando lo manda la Constitución el 23 enero ya que no se puede elegir otro día, aceptar esos recursos es poner el vilo el gobierno de Xiomara. Lo único que queda es la prudencia y reflexión de la Corte ante inminente ruptura del Estado republicano y del orden democrático, esos recursos debe resolverlos lo más pronto posible y salir del terreno movedizo o del terremoto político que ya causaron”.
