Ambientalistas aplauden la creación del juzgado de competencia nacional en materia de medio ambiente y esperan que esta entidad castigue a funcionarios municipales que han extendido permisos de construcción de manera corrupta en detrimento de la biodiversidad y bienestar de los habitantes de las ciudades.
El martes anterior, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Protección del Medio Ambiente en un momento que los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, Comayagua, Olancho, Cortés, Atlántida y Colón se encuentran en alerta roja por contaminación atmosférica.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Poder Judicial, “este nuevo órgano jurisdiccional en material de protección ambiental conocerá de delitos contra el medio ambiente, contra el bienestar animal, los relacionados al patrimonio cultural y los delitos urbanísticos”.
Código Penal castiga a funcionarios públicos
El artículo 344, del capítulo XVIII de Delitos Ambientales del Código Penal, establece que “debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a cinco (5) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble del tiempo que dure la pena de prisión, el funcionario o empleado público que a sabiendas de su ilegalidad, individualmente o como miembro de un organismo colegiado”, que resuelva o vote “a favor de la aprobación de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de las licencias (...)” contrario a las normas vigentes.
Ambientalistas consultados por Diario LA PRENSA coinciden que la sociedad comúnmente ha visto los problemas ecológicos “desde lejos” en las áreas protegidas, distantes de los centros urbanos, sin embargo, ahora la crisis ambiental ha tocado a la puerta de sus casas en las grandes grades ciudades, como San Pedro Sula, que sufre la consecuencias por la destrucción de la cordillera de El Merendón y áreas boscosas colindantes con zonas residenciales.
La creación del juzgado de jurisdicción nacional “es una medida pertinente que frenará el avance de la urbanización que se lleva de encuentro a todo en detrimento de nuestro patrimonio ambiental. Es importante estar claro que algunos permisos de construcción privilegian el interés particular en perjuicio de la mayoría”, opina Gehovany Cruz, ambientalista de la Fundación Parque Nacional Pico Bonito (Fupnapib), con sede en la de La Ceiba.
Cruz califica de “acertada” la decisión de la Corte Suprema de ventilar en el nuevo juzgado los delitos urbanísticos, “porque bajo el supuesto del desarrollo comprometen los intereses de la población y el entorno ambiental”, pero, está comprobado, que algunos proyectos de urbanización construidos en áreas verdes “sólo han beneficiado a particulares”.
“El avance del urbanismo a nivel nacional nos ha afectado las áreas protegidas. No es que nos opongamos al desarrollo, nosotros creemos debe haber desarrollo con una perspectiva de sostenibilidad. El ambiente no puede estar en la cola (...), no puede ser un tema invisible (...)”, dijo Cruz, quien considera que “la justicia debe ser pareja”, tanto para el que “deforesta o incendia el bosque, como el que destruye el ambiente con fines económicos, incluidos los funcionarios públicos”.
El Código Penal tipifica como “urbanización ilegal” toda aquella que desarrollan en “zonas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de dominio público o reservadas para uso público; zonas contaminadas o por razones naturales, peligrosas para la población; zonas verdes o que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección; o zonas rurales en las que no esté permitida la urbanización o edificación”.
Nelvin Bustamante, ambientalista de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), estima que la creación del nuevo juzgado “es un paso importante” en la lucha contra la destrucción del ambiente que “podría disuadir a funcionarios corruptos que emiten permisos de construcción” en zonas prohibidas.
“Ojala esta medida logre persuadir a los funcionarios públicos a no cometer delitos al momento de emitir permisos. Con un juzgado de jurisdicción nacional, será diferente porque vemos que en algunos casos los jueces locales son amigos de los funcionarios municipales”, dice.
Organizaciones como Prolansate y Fupnapib han mantenido una guerra sin cuartel contra los depredadores de reservas de Atlántida que explotan el bosque ilegalmente, devastan la vegetación para plantar palma aceitera, café, cardamomo y otros cultivos agrícolas en las zonas núcleo. También luchan cotra entidades privadas que buscan ampliar las áreas urbanas en zonas con una extensa biodievrsidad.
Los mantos acuíferos están amenazados
Los ambientalistas hondureños y organizaciones internacionales advierten que la destrucción de la cobertura arbórea urbana provoca más contaminación del aire, aumento de la temperatura y debilitamiento de los mantos acuíferos que proveen el agua a los habitantes de las ciudades.
Los mantos acuíferos son grandes depósitos de agua subterránea y están conformados por capas de roca permeable a través de las cuales fluyen las corrientes que llegan a la superficie a través de bombas sumergibles instaladas dentro de pozos para satisfacer la necesidad de la población.
“El impacto que tiene la reducción de la cobertura arbórea es fuerte y lo estamos viendo. Las grandes ciudades están atravesando una crisis de agua. Esto se atribuye a una debilidad en el proceso de ordenamiento territorial. Eso conlleva a que los mismos funcionarios emitan permisos de construcción a donde no deben y en zonas frágiles. Una vez que eliminan la vegetación, hay menos retención, hay más erosión y eso afecta a los acuíferos. La creación de este juzgado es un hito importante, es algo que ya días veníamos pomoviendo. Es un gran logro”, dice Ana Paz, ambientalista de la Fundación Cuero y Salado (Fucsa).
Según la plataforma en línea Global Forest Watch (GFW), entre 2001 y 2023, Honduras perdió 1.40 Mha (millones de hectáreas) de cobertura arbórea. Este problema perjudicó más a los departamentos de Olancho (461 kha, miles de hectáreas), Colón (198 kha), Gracias a Dios (180 kha), Yoro (97.6 kha) y Santa Bárbara (68.9 kha).
