Alejandro Andino Alegría, un pescador artesanal que se convirtió en ambientalista “por las circunstancias de la vida”, teme que un día cualquiera le toque correr la misma suerte de su colega Blanca Jeannette Kawas, asesinada por defender la biodiversidad de Tela.
Andino (67 años) nació en la comunidad garífuna de Tornabé, pero de joven ha vivido en Punta Sal, una península ubicada en este municipio, que por su impresionante belleza natural y ubicación estratégica frente al mar Caribe ha estado históricamente bajo el asedio de depredadores de la naturaleza y hasta de narcotraficantes que han intentado convertirla en un desembarcadero de droga.
Quien un día actuara como una mano derecha de Jeannette Kawas, hoy está sufriendo persecución, saqueo e intimidación de personas que pretenden apoderarse de Punta Sal, “de la misma manera como ocurría en décadas pasadas”.
“Me siento perseguido. Los problemas que ocurrieron en aquel entonces, cuando mataron a Jeannette Kawas, se están repitiendo. En los últimos seis años, me han robado los aperos de pesca, me robaron una lancha con todo y motor, me saquearon una de mis casas, se han llevado el sistema de energía solar. Lo último, le prendieron fuego a una de las cocinas del negocio de comida que tengo”, explicó en una entrevista con Diario La Prensa.
Tres años después de la muerte de Jeannette Kawas, Andino Alegría y Carlos Valerio (ingeniero) se vieron en la obligación de huir del país por defender Punta Sal. Permaneció 18 años en Estados Unidos y regresó luego de que muriera (diciembre de 2014) el coronel Mario (El Tigre) Amaya, quien, según documentos (sentencia) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo participación en el crimen contra la destacada ambientalista.
“Yo tengo un mal presentimiento. He puesto las denuncias ante el Ministerio Público pero no hay respuesta, nadie ha ido a la comunidad a ver lo que está pasando. Veo que se está repitiendo lo de Jeannette Kawas. En ese entonces, hicimos las denuncias de las amenazas y no pasó nada, la mataron los grupos de poder. Ha pasado el tiempo y tristemente ese crimen sigue en la impunidad”, dijo.
Andino Alegría se instaló en Punta Sal en 1978 y en los primeros años se dedicó a la pesca artesanal. Él y otros habitantes de la zona organizaron la cooperativa Unión Norteña Limitada y lograron que el Estado les otorgara tierras para que las aprovecharan como medio de sobrevivencia, las protegieran de los depredadores de los bosques y hasta de la apropiación ilegal de renombrados políticos y militares de la época.
“En 1998, el coronel El Tigre Amaya se proclamó dueño de la península de Punta Sal. Afortunadamente la península se salvó porque presentamos ante el juez un documento de posesión que nos otorgó en 1982 el INA (Instituto Nacional Agrario) durante el gobierno de Roberto Suazo Córdova. Esa vez, el abogado del coronel Amaya presentó un documento, pero el juez se lo anuló, primero se lo rayó con una pluma y después se lo rompió porque era un documento que no tenía un antecedente, un tracto sucesivo”, relató.
Andino Alegría se rehusa a abandonar por segunda el país para pedir asilo en Estados Unidos. Él solicita a las instituciones del Estado “investigar el caso para lograr protección” con la intención de seguir viviendo en la península y pide, al mismo tiempo, esclarecer la muerte de su amiga Jeannette Kawas, como lo ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una condena contra Honduras.
“Da tristeza recordar la muerte de Jeannette. Siempre acompañé a Jeannette Kawas y el día que la mataron, la dejamos a las 4:30 de la tarde en una esquina antes de llegar a su casa porque al día siguiente teníamos que ir a una reunión a La Ceiba. Más tarde, cuando llegamos a Tornabé, nos avisaron que la habían matado. Eso fue una cosa de película, una conspiración de poderes económicos acabaron con la vida de ella”, dijo.
En Tela, Andino Alegría es una persona reconocida porque, también,con voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, recorrió miles de kilómetros entre Tela y Puerto Cortés para que definieran los límites del ahora llamado Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández (79,382.16 hectáreas), integrado por humedales marinos y costeros y un ecosistema de manglares donde habitan especies acuáticas y marinas.
Este parque está en la lista de sitios protegidos por la Convención de Ramsar (Ramsar, Irán, 1971) que tiene como objetivo conservar los ecosistemas mediante leyes nacionales y acuerdos internacionales, sin embargo, los manglares y el arrecife coralino se han degradado por la descargas de basura y químicos agrícolas en el mar, erosión, deforestación en la zona de amortiguamiento, donde han expandido los cultivos de palma aceitera.
¿Quién era blanca Jeannette Kawas?
Blanca Jeannette Kawas Fernández nació el 7 de diciembre de 1946 en Tela. Ejerció la profesión de perito mercantil y contador público. Se dedicó a la administración de los negocios familiares y murió violentamente el 6 de febrero de 1995 por defender la biodiversidad de Tela.
En la década de 1990, esta valiente mujer, radicada en el centro de Tela, dedicó su vida a defender este santuario de vida silvestre amenazado hasta este día por la tala inmisericorde del bosque y destrucción de todo su ecosistema.
El 6 de febrero de 1995, alrededor de las 7:30 de la noche, un sicario asesinó de un balazo a Kawas Fernández cuando se encontraba en su casa, en el centro de Tela. Al morir, ella desempeñaba el cargo de presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (Prolansate), creada con el objeto de “mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela”.
Cuando ella estaba al frente de esa organización, denunció “los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, la contaminación de las lagunas y la depredación de los bosques de la región”.
El asesinato de Kawas estremeció a la sociedad hondureña, pero, hasta 2024, no hay tan sólo una persona en la cárcel por este crimen. En un fallo histórico, el 3 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras por violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, al derecho a la vida, derecho a la integridad personal y derecho a la libertad de asociación.
La Corte ordenó al Estado a indemnizar a la familia de la víctima y “concluir los procedimientos penales, o iniciar los correspondientes, por los hechos que generaron las violaciones del presente caso y resolverlos en los términos que la ley prevea y dentro de un plazo razonable”.
La sentencia de la corte, se derivó de una denuncia presentada el 13 de enero de 2003 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (Eric).
En 2008, los representantes de esas organizaciones, Viviana Krsticevic y el padre Ismael Moreno, presentaron un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en el cual alegaron que Kawas se destacó como defensora ambientalista hondureña por promover la protección de los recursos naturales y se convirtió “en la primera persona asesinada en Honduras por defender los recursos naturales y el ambiente”.
