Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró que no hubo arreglos “bajo la mesa” para el nombramiento de altos funcionarios con una votación arriba de la mayoría calificada.
Oliva manifestó que solamente un sector del Congreso quería evitar que se alcanzara la mayoría calificada y que no se pudiera elegir a las nuevas autoridades, provocando ingobernabilidad; “pero el acuerdo entre bancadas que sí buscan crear y no destruir prevaleció”.
El Congreso Nacional nombró a los funcionarios para cargos vacantes: el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el inspector general de los órganos jurisdiccionales e inspectora adjunta de tribunales, auditora interna del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y superintendente de Licencias y Concesiones, con el voto afirmativo de cinco de las siete bancadas.
Oliva señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de nombrar a esos funcionarios, lo que se hizo con base en el proceso que señala la ley y que a su vez define con precisión a las entidades que nominan a los candidatos a fin de que la selección sea transparente y sin injerencia política.
Agregó que es normal en todos los parlamentos del mundo que se generen debates luego que se revisan los currículos y se hacen las audiencias públicas, que no son obligatorias; pero se actuó con buena fe y consenso en un procedimiento lo más transparente posible.
Se refirió a las reformas electorales, que calificó como muy sensitivo y apuntó que la misma Ley Electoral es la única ley secundaria que requiere mayoría calificada para modificarse.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró que no hubo arreglos “bajo la mesa” para el nombramiento de altos funcionarios con una votación arriba de la mayoría calificada.
Oliva manifestó que solamente un sector del Congreso quería evitar que se alcanzara la mayoría calificada y que no se pudiera elegir a las nuevas autoridades, provocando ingobernabilidad; “pero el acuerdo entre bancadas que sí buscan crear y no destruir prevaleció”.
El Congreso Nacional nombró a los funcionarios para cargos vacantes: el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el inspector general de los órganos jurisdiccionales e inspectora adjunta de tribunales, auditora interna del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y superintendente de Licencias y Concesiones, con el voto afirmativo de cinco de las siete bancadas.
Oliva señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de nombrar a esos funcionarios, lo que se hizo con base en el proceso que señala la ley y que a su vez define con precisión a las entidades que nominan a los candidatos a fin de que la selección sea transparente y sin injerencia política.
Agregó que es normal en todos los parlamentos del mundo que se generen debates luego que se revisan los currículos y se hacen las audiencias públicas, que no son obligatorias; pero se actuó con buena fe y consenso en un procedimiento lo más transparente posible.
Se refirió a las reformas electorales, que calificó como muy sensitivo y apuntó que la misma Ley Electoral es la única ley secundaria que requiere mayoría calificada para modificarse.
