La crisis logística que afectó las elecciones primarias del domingo y debilitó la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) resalta la necesidad urgente de contar en Honduras con un órgano electoral independiente de los partidos políticos.
Entidades de la sociedad civil, como el Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo en Honduras (Fosdeh), advierten que el domingo pasado Honduras vivió “incertidumbre, desorganización y opacidad” y señalan al CNE por no garantizar un proceso electoral ordenado y legítimo a pesar de que recibió más de L2,000 millones para celebrar las primarias.
El CNE, que ha dirigido y administrado dos procesos primarios y uno general, surgió en 2019 para reemplazar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tuvo una vida efímera de diez años por su deterioro institucional tras ser el epicentro de varios escándalos relacionados con fraudes.
Con el argumento de fortalecer la estructura electoral y en la búsqueda de procesos transparentes, ese año, el Congreso Nacional reformó el artículo 15 de la Constitución de la República para crear el actual CNE, conformado por tres consejeros propietarios y dos suplentes.
Estos consejeros, según la Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones y Prohibiciones, son elegidos con el voto afirmativo de dos tercios del Congreso Nacional por un período de cinco años, con posibilidad de reelección si se someten nuevamente a los procesos de elección establecidos en la ley.
Dado que los requisitos para asumir el cargo resultan mínimos (ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, contar con un título universitario, tener reconocida idoneidad y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles), las cúpulas de los partidos políticos designan en el Congreso a personas de su confianza para defender sus intereses antes, durante y después de los comicios.
Dentro de esa base legal, en 2024, el Congreso seleccionó como consejeros a Ana Paola Hall (Partido Liberal), Marlon Ochoa (Libre), Cosette López (Partido Nacional) y, como suplentes, Karen Rodríguez y Carlos Cardona (PSH) del CNE.
Desde entonces, los titulares han mantenido constantes enfrentamientos por defender los intereses de sus organizaciones políticas en detrimento de la transparencia de los procesos.
En los últimos días, tras las elecciones primarias, los tres consejeros propietarios se culparon mutuamente por el caos vivido en Tegucigalpa y San Pedro Sula debido a la demora en la apertura de centros de votación, provocada por la llegada tardía de las maletas electorales, algunas hasta 12 horas después del cierre oficial de las elecciones.
Este incidente negativo ha sido denominado popularmente como el “maletazo”, pues, según políticos y electores, permitió la manipulación de votos a favor de ciertos candidatos.
Los materiales electorales circularon en autobuses particulares, incluidos los denominados “rapiditos”, cuando debieron haber sido transportadas directamente desde el centro de distribución, ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) de la capital, hasta cada centro de votación en camiones de las Fuerzas Armadas.
Cabildeos para reformas electorales
En los últimos años, la organización civil Grupo de Pensamiento Estratégico Patria ha realizado cabildeos en el Congreso y presentado ante el Colegio Hondureño de Abogados y universidades una propuesta de reformas electorales.
Entre las modificaciones sugeridas incluye la “despartidización” del CNE, elecciones separadas, segunda vuelta electoral, ciudadanización de las juntas receptoras de votos y la elección de diputados por distrito.
Sin embargo, estas reformas no han prosperado debido a la falta de voluntad política y compromiso por parte de los órganos representados, según el general en retiro Luis Alonso Maldonado Galeas, coordinador de la Comisión Democracia y Sistema Electoral del Grupo de Pensamiento Estratégico Patria.
A su criterio, el Congreso pudo haber reformado la Constitución el año pasado y ratificado los cambios en la legislatura actual para garantizar un órgano electoral “despartidizado” en las elecciones generales
.“Los problemas dentro del CNE se generan porque los partidos políticos dan prioridad a sus intereses sobre el bien común. Lo ocurrido en las elecciones primarias refleja esa realidad; defienden agendas partidarias sin mayores restricciones en la toma de decisiones. La ‘despartidización’ es una necesidad urgente”, señala Galeas en entrevista con Diario La Prensa.
Galeas cita de ejemplo como un posible modelo a seguir la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Explica que este organismo “asume la función administrativa de los procesos electorales, el registro nacional de ciudadanos y la asignación de votantes a las juntas receptoras de votos”.
Fraude conocido como “Magia Blanca”
A lo largo de la historia democrática de Honduras, el ente encargado de administrar las elecciones ha pasado por procesos de reingeniería y cambios de nombre en un intento por garantizar transparencia electoral. No obstante, hasta la fecha, continúa siendo señalado por permitir o facilitar actos fraudulentos.
En la década de 1980, el fraude conocido como “Magia Blanca” permitió que votantes eliminaran la tinta indeleble de sus dedos con cloro para votar más de una vez a favor de un candidato. En 2017, la Alianza contra la Dictadura denominó “curva de Batson” (en alusión a David Matamoros Batson) a la supuesta alteración de resultados.
A nivel mundial, las tendencias en administración electoral apuntan al establecimiento de organismos electorales permanentes e independientes, una práctica adoptada en casi todos los países que han impulsado reformas en los últimos años.
“En el nuevo milenio, diversas naciones han suscrito estándares regionales y mundiales para elecciones democráticas”, según la Red de Conocimientos Electorales, respaldada por la ONU, el Centro Carter y otras organizaciones. Esta red identifica tres modelos de órganos electorales: independiente, gubernamental y mixto.
Pero afirma que sin importar el esquema utilizado, todos los organismos deben ajustarse a principios fundamentales como independencia en la toma de decisiones, libertad de acción, imparcialidad, integridad, transparencia, eficiencia y orientación al servicio ciudadano.
