Dirigentes magisteriales encerraron ayer con cadenas y candados a más de 300 empleados que laboran en las instalaciones de la Secretaría de Educación en Comayagüela.
La acción se produjo en rechazo a las medidas recién adoptadas por el Gobierno encaminadas a sancionar penalmente a todos aquellos maestros, alumnos y hasta padres de familia que se tomen los centros educativos del país.Edwin Oliva, presidente del Colprosumah (Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras), demandó a las autoridades del Poder Ejecutivo resolver la agenda educativa de manera inmediata al tiempo que exigió la anulación de las medidas aprobadas el martes en Consejo de Ministros.
Reclaman pagos
“Es inconcebible que el Gobierno en vez de resolver el problema de pago a los compañeros maestros, el pago de la matrícula gratis, el pago del bono a los estudiantes, esté violentando los derechos del magisterio con medidas que son ilegales”, cuestionó el dirigente.
Mediante decreto ejecutivo, el Gobierno prohibió a toda persona natural o jurídica la toma de centros educativos, direcciones departamentales y cualquier instalación perteneciente a la Secretaría de Educación. El Ejecutivo advirtió que la violación a esta disposición da pie a la inmediata deducción de la responsabilidad penal, civil y administrativa, según corresponda.
Los últimos días
Marlon Escoto, ministro de Educación, quien se encontraba ayer en La Mosquitia, dijo que
la protesta es un proceso normal de reacción del magisterio.
“Están aprovechando los últimos días que les quedan antes de que entre en vigencia el decreto”, remarcó.
El ministro expresó que los maestros podrán mantener encadenados los portones de la institución como lo han hecho con la Educación desde hace años en Honduras, pero “lo que no se puede encadenar y lo que no se puede interrumpir son las decisiones que se han tomado”.
Comentó que “este tipo de medidas de presión no van a tener ningún resultado”.
Escoto advirtió que “las sanciones se tienen que aplicar con la diferencia que la dirigencia magisterial, como no son empleados de la secretaría, sino personas particulares, probablemente habría que hacer una denuncia ante el Ministerio Público”.
