Tegucigalpa, Honduras.
Pese a que la jueza Águeda Isabel Canelo fue certificada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), curiosamente, el mismo equipo integrado, que incluye fiscales del Ministerio Público, es el que la estaba recusando y poniendo en entredicho su trabajo.
El sábado anterior, los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) presentaron una recusación contra la togada aduciendo que, presuntamente, es afín a un partido político y que filtró información a imputados en el caso Soptravi. Los fiscales de la Ufecic también fueron certificados por la Maccih.
Juramentación. La togada Canelo fue juramentada en el cargo el 7 de septiembre de 2018 por la magistrada de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, Telma Consuelo Burgos.
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“Ella participó y aprobó el proceso de selección en los concursos que realizó el Poder Judicial para los circuitos en materia de corrupción y extorsión entre 2016 y 2017, que fueron acompañados por la Maccih, el Colegio de Abogados y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ)”, señaló en su momento un comunicado del Poder Judicial.
La jueza Agueda Canelo fue contratada con el acuerdo número 329 de fecha 22 de mayo de 2018.
La Asociación de Jueces por la Democracia salió en defensa de la funcionaria judicial afirmando que es una profesional de una conducta intachable.
“Ha tenido una trayectoria muy aceptable, de responsabilidad en la cual no ha sido sujeta de ningún tipo de sanciones, intervenciones e investigaciones que dañen su hoja de vida”, manifestó Mario Díaz, representante de la Asociación.
