Luis Redondo defiende facultad del MP para investigar al CNE

El titular del Congreso Nacional recordó que los consejeros del CNE deben cumplir la Constitución y pueden ser investigados si cometen delitos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que ninguna institución autónoma, incluida el Consejo Nacional Electoral (CNE), está por encima de la ley ni exenta de ser investigada por el Ministerio Público en caso de la comisión de delitos.

“En ningún artículo de la Constitución de la República, ni en ley alguna de nuestro ordenamiento jurídico, se establece que una institución autónoma e independiente —como lo es el Consejo Nacional Electoral— esté exenta de ser investigada, requerida, procesada o enjuiciada por el Ministerio Público en caso de la comisión de delitos”, manifestó Redondo.

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Asimismo, el titular del Poder Legislativo enfatizó que los consejeros del CNE no gozan de inmunidad absoluta ni pueden actuar de forma arbitraria.

“Tampoco se reconoce que sus consejeros gocen de inmunidad absoluta, ni que puedan actuar arbitrariamente, como deseen, cuando deseen y al margen de la ley, usurpando funciones o poderes que le corresponden a otros órganos del Estado”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

Redondo comparó la situación con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), impulsadas por gobiernos anteriores.

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“Eso mismo pretendía el bipartidismo con las Zedes: crear territorios donde no llegara la justicia, ni la extradición; espacios con su propia ‘democracia’, sus propios jueces y su propio modelo de gobierno. Todo eso está expresamente prohibido por nuestra Constitución”, señaló.

Asimismo, recordó que el artículo 322 de la Constitución establece que todos los funcionarios deben jurar fidelidad a la República y cumplir la ley antes de asumir su cargo.

“Esto significa que ningún funcionario está exento de esta obligación, sin importar si pertenece a una institución autónoma, descentralizada o de rango constitucional. El incumplimiento de esa promesa puede acarrear responsabilidades legales, administrativas e incluso penales”, puntualizó.

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Redacción La Prensa
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