Tegucigalpa, Honduras.
Información que ponga en riesgo a los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia 2016-2023 no se hará de dominio público.
El psiquiatra Octavio Sánchez, miembro suplente de la Junta Nominadora, dijo que se publicará hasta “donde llega el alcance de lo publicable, es algo que ya está dentro de la ley, definitivamente todo aquello que afecte a las personas, definitivamente que no puede ser de conocimiento público”.
Entre estos aspectos está el habeas data “el derecho personal que tiene usted y yo, para que las cosas personales no se publiquen”.
“Ellos llenaron una hoja de aplicación donde tienen su fotografía, los datos personales, tienen su dirección, tienen los miembros de su familia y nosotros no podemos exponer a esa gente”, agregó.
Se le consultó a los precandidatos sobre si están de acuerdo que los resultados de las pruebas de confianza se hagan públicos. En su mayoría coincide en que la población hondureña tiene el derecho de conocer este tipo de información; sin embargo, el clima de inseguridad del país los obligó a pedir qué detalles patrimoniales no sean publicados.
En este proceso de aplicación de pruebas de confianza los aspirantes se someten a evaluaciones psicométricas, el polígrafo, exámenes médicos, toxicológicos y análisis socioeconómico. En este último, se trata de identificar si los bienes patrimoniales del precandidato han sido obtenidos con dinero lícito y con fondos derivados de actividades delictivas.
Según Malcon Guzmán, magistrado de la Corte de Apelaciones en La Ceiba y precandidato a la Corte, cada aspirante debe estar consciente de que la información dada en el proceso puede ser publicada.
Sin embargo, dijo que para el caso no se deben dar domicilios exactos o el monto al que asciende el patrimonio, pero aclaró que la Junta Nominadora debe informar si los bienes del candidato son bien habidos.
Información que ponga en riesgo a los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia 2016-2023 no se hará de dominio público.
El psiquiatra Octavio Sánchez, miembro suplente de la Junta Nominadora, dijo que se publicará hasta “donde llega el alcance de lo publicable, es algo que ya está dentro de la ley, definitivamente todo aquello que afecte a las personas, definitivamente que no puede ser de conocimiento público”.
Entre estos aspectos está el habeas data “el derecho personal que tiene usted y yo, para que las cosas personales no se publiquen”.
“Ellos llenaron una hoja de aplicación donde tienen su fotografía, los datos personales, tienen su dirección, tienen los miembros de su familia y nosotros no podemos exponer a esa gente”, agregó.
Se le consultó a los precandidatos sobre si están de acuerdo que los resultados de las pruebas de confianza se hagan públicos. En su mayoría coincide en que la población hondureña tiene el derecho de conocer este tipo de información; sin embargo, el clima de inseguridad del país los obligó a pedir qué detalles patrimoniales no sean publicados.
En este proceso de aplicación de pruebas de confianza los aspirantes se someten a evaluaciones psicométricas, el polígrafo, exámenes médicos, toxicológicos y análisis socioeconómico. En este último, se trata de identificar si los bienes patrimoniales del precandidato han sido obtenidos con dinero lícito y con fondos derivados de actividades delictivas.
Según Malcon Guzmán, magistrado de la Corte de Apelaciones en La Ceiba y precandidato a la Corte, cada aspirante debe estar consciente de que la información dada en el proceso puede ser publicada.
Sin embargo, dijo que para el caso no se deben dar domicilios exactos o el monto al que asciende el patrimonio, pero aclaró que la Junta Nominadora debe informar si los bienes del candidato son bien habidos.
