“Si el bono que ofrece el Congreso no va a llegar a los bolsillos de los conductores o propietarios de las unidades, mejor que el Gobierno lo cancele, pues en la zona norte el dinero solo llega a los que explotan los permisos de operación”,
dijo el presidente de la Asociación de Taxistas de San Pedro Sula, Elio Muñoz.
La reacción surge después del anuncio del Congreso Nacional de autorizar una partida adicional para las víctimas de los extorsionadores.
Pero no sólo ellos tienen su opinión, también los agentes investigadores de la Unidad de Análisis y Pandillas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, quienes manejan las denuncias de extorsiones aseguran que los recursos deben enfocarse en fortalecer con logística la unidad para que su labor sea más efectiva y se den respuestas a los denunciantes.
Mientras la medida fue aprobada por los legisladores, las extorsiones no disminuyen y por el contrario van en aumento, donde muchos transportistas en silencio viven el infierno de la intimidación que sufren de los miembros de maras o pandillas como de particulares que se suman al negocio de la “extorsión”.
Las extorsiones
No sólo mareros de la MS o la 18 están atrás de los cobros del impuesto de guerra, en las investigaciones realizadas por los agentes de Análisis, aseguran que se ha detectado a socios de empresas, despachadores y empleados involucrados en esta acción delictiva.
Taxis, buses de rutas urbanas e interurbanas están cansados de verse sometidos a las exigencias de miembros de pandillas y personas para el pago del impuesto de guerra. “Si uno de socio se pone al brinco con el que cobra la renta, simplemente lo quiebran” dijo uno de los transportistas.
La ruta 1 y 7 entre otras, y varios puntos de taxis viven el calvario de la extorsión. En la DNIC se reciben denuncias de cobradores y conductores de unidades, pero los agentes aseguran que si los propios dueños no interponen la denuncia, de nada sirve que personas que laboran en las empresas denuncien.
“De oficio realizamos las investigaciones y damos seguimiento a las denuncias de varios afectados, sin embargo, los dueños no quieren denunciar, sienten temor y por eso nos vemos limitados para trabajar en las rutas afectadas. En las que hemos logrado apoyo de los afectados hemos capturado a los extorsionadores”, indicó uno de los investigadores de la unidad de análisis.
El agente refirió que con sorpresa han detectado que en un 50% los cobros de extorsión los realizan miembros de maras, pero el otro porcentaje lo cobran socios de empresas, despachadores y hasta empleados.
“Cuando se hizo el trabajo de investigación en una de las rutas agarramos a uno de los extorsionadores y este en su declaración afirmó que la mitad de lo cobrado se lo llevaba el despachador de la ruta”, dijo el investigador.
Sorpresa en el hemiciclo
Para algunos diputados causa sorpresa que el Congreso Nacional haya aprobado una compensación a los taxistas por el “impuesto de guerra”, para otros es simplemente un reconocimiento del daño causado.
Pero hay otra parte de parlamentarios que desconocen el fondo de la ley que les otorga 14,000 lempiras a los taxistas, y aseguran que la explicación que les dieron para hacer la diferencia con los que recibirán sólo 10,000 fue simplemente por zona.
El pasado jueves, el Congreso hondureño aprobó un bono de 10,000 y 14,000 lempiras para 19,000 taxistas de todo el país. El decreto no explica las diferencias, algunos diputados informaron que esa diferencia fue por un saldo pendiente del año pasado, otros por el lugar de trabajo y otros por el costo de combustible.
Diputados consultados al respecto manifestaron que la ley aún no está firme pero este día se ratificará el acta de la sesión anterior, donde podrían ocurrir modificaciones.
Al respecto, Ramón Velásquez, vicepresidente del Congreso, dijo que la explicación que se les dio a los diputados de la diferencia entre los 10,000 y 14,000 no fue justamente el impuesto de guerra, sino la diferencia de zonas de trabajo. “No creo que convenga que el Estado se someta a los extorsionadores, y si eso es así hay que denunciar a Gámez por eso, si el Estado se somete ya no nos queda camino”, manifestó.
Dejó claro que si se les hubiera planteado de esa forma no se lo aceptarían, además que en el decreto en ninguna parte se establece que es para el pago del “impuesto de guerra”.
