Con la presencia de Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se instaló este lunes en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, las mesas por la Transparencia e Integridad Judicial, con el fin de fortalecer la justicia abierta.
El evento desarrollado en el Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (Credia), contó con la presencia de magistrados de la Corte Suprema de la región.
La iniciativa tuvo como objetivo, desarrollar un diálogo permanente del sistema de justicia con las personas usuarias que, desde la transparencia, la participación y la colaboración, permite el pleno acceso a la justicia, generando honor social y valor público en los intervinientes.
"Esto se trata de justicia, abierta, un programa piloto y conformación de las mesas por la transparencia e integridad judicial, es un espacio donde la ciudadanía puede acudir a plasmar sus inquietudes y necesidades y lo que ellos consideran que es necesario cambiar en el Poder Judicial", dijo Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte.
En este marco, se aprobó la política de justicia abierta, instrumento que abraza las acciones que el Poder Judicial está implementando para transformar progresivamente los esquemas tradicionales, garantizando, el derecho de la población de saber, comprender y participar en los asuntos de justicia.
"Sabe lo que es que el poder se acerque a la ciudadanía, es tener un sistema judicial abierto, de eso se trata, que estemos para escuchar a los ciudadanos y de acuerdo a eso poder mejorar", agregó Obando.
"Ejemplo, que los casos se resuelvan con mayor celeridad, tener las denuncias que no quieren muchas veces interponer para tomar conciencia de como deben atender los empleados, las personas que se acercan y un poder judicial confiable cerca", puntualizó.
Durante el evento se dieron a conocer algunos logros del poder judicial, como ser, aprobación de la Política de Justicia Abierta, aprobación del modelo de despachos judiciales abiertos de Honduras, Juzgados especiales contra la violencia doméstica de Tegucigalpa.
Asimismo, elaboración de manual de lenguaje claro, currículo de formación en justicia abierta diseñada, programa de educación legal en derechos humanos en 36 centros educativos, entre otros.