A partir de la fecha los ciudadanos podrán invocar la Ley de transparencia y acceso a la información pública para conocer todo lo relacionado al Gobierno.
La normativa legal, publicada en el Diario La Gaceta, el pasado 30 de diciembre, ha entrado en vigencia para su aplicación.
Los ciudadanos podrán requerir información de los tres poderes del Estado, igual que de las empresas públicas y de organizaciones no gubernamentales, ong, que reciben fondos del Estado o administren recursos públicos.
Procedimiento
La solicitud de información deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos, indicando el solicitante con claridad los detalles específicos de lo que desea saber.
La información que puede ser requerida está contenida en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas, licencias de todo tipo, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisición de bienes, suministros y servicios.
El artículo 21 de la ley especifica que una vez presentada la solicitud “se resolverá en el término de diez días, declarándose con o sin lugar la petición”.
En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo.
En caso de denegatoria, la institución estatal deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la negativa a proporcionar la información.
La ley reconoce la garantía del habeas data, o sea, que los datos personales serán siempre protegidos y el acceso a los mismos procederá únicamente por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales están contenidos en dicha información.
Qué hacer
Cuando niegan la información...
Se puede alegar que es “reservada”, en este caso, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.
