Tegucigalpa, Honduras.
La primera solicitud que hizo la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) cuando se presentó en el país hace dos semanas, fue la instalación dentro del sistema de justicia de jueces contra la corrupción.
Hace meses, el presidente Juan Orlando Hernández también pidió jueces antiextorsión para hacer más expedito el enjuiciamiento contra las personas que se dedican a esta actividad delictiva.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, indicó que es necesario que se le transfieran los 90 millones de lempiras que se le adeudan al Poder Judicial para “echar mano” de esos recursos y crear los jueces especiales.
Argueta refirió que se hacen las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo y el titular del Legislativo, Mauricio Oliva, para agilizar los desembolsos de esos recursos.
En el Presupuesto General de la República aprobado para 2015, el Congreso Nacional no otorgó a la Corte el 3% que constitucionalmente le corresponde y esto provocó un desfase de L90 millones.
Esos recursos fueron reclamados por las anteriores autoridades, pero no se logró que las peticiones se materializaran. El año anterior le fueron asignados 1,906 millones de lempiras al Poder Judicial. Ahora, las nuevas autoridades, lideradas por Argueta, urgen que se ordene a la Secretaría de Finanzas la transferencia del dinero.
En caso de los jueces que pide la Maccih, son 12 los profesionales del derecho que se asignarían como impartidores de justicia, especializados en la lucha contra la corrupción.
Dos jueces se establecerán en San Pedro Sula, dos en Tegucigalpa y uno en La Ceiba. Además se nombrarán cuatro togados para que conformen el Tribunal de Sentencia y otros tres como una Corte de Apelaciones con jurisdicción nacional.
La primera solicitud que hizo la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) cuando se presentó en el país hace dos semanas, fue la instalación dentro del sistema de justicia de jueces contra la corrupción.
Hace meses, el presidente Juan Orlando Hernández también pidió jueces antiextorsión para hacer más expedito el enjuiciamiento contra las personas que se dedican a esta actividad delictiva.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, indicó que es necesario que se le transfieran los 90 millones de lempiras que se le adeudan al Poder Judicial para “echar mano” de esos recursos y crear los jueces especiales.
Argueta refirió que se hacen las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo y el titular del Legislativo, Mauricio Oliva, para agilizar los desembolsos de esos recursos.
En el Presupuesto General de la República aprobado para 2015, el Congreso Nacional no otorgó a la Corte el 3% que constitucionalmente le corresponde y esto provocó un desfase de L90 millones.
Esos recursos fueron reclamados por las anteriores autoridades, pero no se logró que las peticiones se materializaran. El año anterior le fueron asignados 1,906 millones de lempiras al Poder Judicial. Ahora, las nuevas autoridades, lideradas por Argueta, urgen que se ordene a la Secretaría de Finanzas la transferencia del dinero.
En caso de los jueces que pide la Maccih, son 12 los profesionales del derecho que se asignarían como impartidores de justicia, especializados en la lucha contra la corrupción.
Dos jueces se establecerán en San Pedro Sula, dos en Tegucigalpa y uno en La Ceiba. Además se nombrarán cuatro togados para que conformen el Tribunal de Sentencia y otros tres como una Corte de Apelaciones con jurisdicción nacional.
