San Pedro Sula, Honduras.
A partir del 1 de enero de 2021, el Gobierno debe pagar 2.3 millones de lempiras a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic) para que el triaje de Expocentro pueda funcionar.
De pagar 1,150,000 lempiras, el alquiler aumentó en más del 100%.
Según el contrato al que tuvo acceso LA PRENSA, “desde el 1 de enero el convenio de cobro es por dos millones trescientos setenta y tres mil trescientos siete lempiras con sesenta y ocho centavos (L2,373,307.68) mensuales”, más el 15% de impuesto sobre ventas.
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Esa cantidad ya con un descuento, según dice el contrato. La organización empresarial nunca ha dado nada gratis para atender la pandemia en lo que alquiler se refiere, pues el Gobierno paga desde el año anterior por los cuatro edificios de Expocentro en la colonia Las Brisas, en el noreste de SPS, aunque no se utilicen todos.
Ya se firmó un contrato por seis meses que venció en octubre y cada mes la Ccic recibía 1,150,000 lempiras por la renta del inmueble adonde funciona el triaje, explican los encargados de Copeco.
Con el incremento de casos y la situación que se vive en el país, el personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) decidió colocar 40 camas más, pero no se pudo porque les informaron que no podían instalarlas, pues tenía que definirse el nuevo contrato con el incremento incluido.
Actualmente, el personal de Salud labora en condiciones no adecuadas en ese triaje porque el aire acondicionado no funciona y las puertas se mantienen abiertas, esto impide que puedan usar los equipos de protección adecuados.
En enero se atendió entre 390 y 400 personas al día, cantidad que puede subir.
El documento
La Cámara de Comercio elaboró un nuevo contrato en el que refleja el incremento desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, y en la justificación dice que “Honduras está atravesando una situación de emergencia nacional decretada por el Poder Ejecutivo, ante los casos positivos de covid-19 y muchos casos sospechosos en nuestro país; y que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés es una organización gremial comprometida con el bienestar de sus afiliados y del bien común del pueblo, puso a disposición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Sinager) sus instalaciones en caso de ser necesario para la emergencia que atraviesa nuestro país”.Según el documento, la renta es de L2.3 millones mensuales y el Gobierno además debe pagar por el uso de los servicios públicos utilizados durante su ocupación, coordinando con el departamento de mantenimiento de la Ccic la metodología de medición.
Ya se debe un mes, aunque el contrato no se haya firmado.
También piden en el contrato una garantía de tres millones de lempiras, siendo esta meramente preventiva.
Rony Rodríguez, representante regional de Copeco, dijo que el contrato fue enviado por la Ccic, pero no se ha firmado y en este momento buscan otras opciones, pues consideran que es un monto demasiado alto y ellos saben que en este momento la situación de la pandemia es grave.
“No se trata de ayudarle al Gobierno sino al pueblo. Incluso al inicio hablaron de colaborar, pero no han dado nada regalado, todo es pagado y el contrato es claro.
Ya se había firmado uno por seis meses y esta sería una renovación”, dijo.
El contrato no se ha firmado, el alquiler subió en más del 100% y los encargados de Copeco lo confirmaron, y también explicaron que desconocen el porqué del aumento.
