La demanda de nulidad que interpuso el Ministerio Público en contra de la encuesta de junio que promueve el Poder Ejecutivo fue admitida ayer por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo.
El pasado viernes el Ministerio Público interpuso ante esta instancia judicial una demanda de nulidad del decreto ejecutivo PCM-005-2009.
Con este decreto el Ejecutivo busca celebrar una consulta en el último domingo de junio para preguntar a los hondureños si están o no de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre se coloque una cuarta urna para instalar una Asamblea Nacional Constituyente que aprueba una nueva Constitución Política.
A juicio del Ministerio Público esta consulta tienes fines ilícitos y el decreto está plagado de ilegalidad como el que el Instituto Nacional de Estadísticas coordine la celebración de la encuesta, ya que no está entre sus atribuciones.
El objetivo de instalar una Asamblea Nacional Constituyente es crear una nueva Constitución, aboliendo así los artículos irreformables como el continuismo del presidente de la República, la forma de gobierno, soberanía y garantías constitucionales, entre otras.
Legitimada facultad del Ministerio Público
Tras interponerse la demanda, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo resolvió ayer admitir la misma, con lo que legitima la facultad del Ministerio Público de promover este tipo de acciones.
La Presidencial sufrió su primer revés en su pretensión de derogar la carta magna, ya que sostuvo la tesis que el Ministerio Público no estaba facultado para interponer la demanda.
'Se admite la presente demanda debiendo el actor publicar sucintamente el contenido de la misma en la forma ordenada en el artículo 50 de la Ley de esta Jurisdicción, debiendo presentar los respectivos ejemplares de publicación o en su caso acreditar los mismos mediante los recibos de publicación en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia', cita el encabezado de la resolución del Juzgado firmada por el juez titular de esta instancia, Jorge Alberto Zelaya y la secretaria Marcela Amador.
La publicación de la demanda, o los recibos de pago de la misma, la hará el Ministerio Público en el diario de mayor circulación del país y en el diario oficial La Gaceta.
Emplazarán a Procuradora
En la resolución el Juzgado expone que luego de este requisito un receptor de esta instancia judicial procederá a citar y emplazar en legal y debida forma a la procuradora general Rosa América Miranda, a efecto que en un plazo de 20 días conteste la demanda.
Este término es diferente al pronunciamiento que la procuradora hará sobre la solicitud de suspender el acto impugnado, en este caso la encuesta de junio.
Para ese efecto el Juzgado creó otro proceso para emitir una sentencia sobre este particular.
Para la admisión de la demanda, el Juzgado valoró que el Ministerio Público cumplió los requisitos formales, como el estar facultado por las leyes para promover este tipo de acciones. Asimismo, que no era necesario que el decreto fuera publicado en La Gaceta porque se adjuntaron pruebas que no dejan lugar a dudas de la existencia material de dicho acto administrativo, ya que el Ministerio Público adjuntó pruebas de publicaciones de anuncios comerciales donde se promueve la cuarta urna.
Trámite de suspensión
De acuerdo a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los artículos 50 al 55 se emplazará a la procuradora general para que dentro de un término de tres días hábiles se pronuncie si está o no de acuerdo con la suspensión del acto impugnado por el MP o no emite pronunciamiento alguno.
Si se opone y pide juicio a prueba, el proceso se evacuará en un termino de diez días hábiles para luego, en cinco días, citar a las partes para emitir la sentencia interlocutoria sobre la suspensión de la consulta.
Si la procuradora, como representante legal del Estado, se allana o no emite pronunciamiento sobre lo que pide el Ministerio Público, el juez cita a las partes para emitir sentencia dentro de cinco días hábiles sobre si declara o no la suspensión del acto impugnado, o sea, la encuesta de junio próximo.
En este último caso la sentencia se podría producir en la próxima semana.
Notificación
En horas de la mañana los fiscales contra la Corrupción, Henry Salgado y Germer Cruz, acudieron a la sede de la Corte Suprema para notificarse de la resolución de admisibilidad de la demanda.
Ambos fiscales fueron los que interpusieron la demanda el pasado viernes.
'Nosotros tenemos una posición jurídica y eso lo alegamos en los tribunales, no es en los medios de comunicación donde ellos (el Ejecutivo) tiene que exponer su posición, es en los tribunales', afirmó Salgado.
Batalla
El pueblo quiere paz; sin embargo, en la Presidencial se habla de batallas.
En medio del clima de incertidumbre que se vive por el presunto continuismo que se busca con la cuarta urna, el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, dijo ayer que 'todavía no se ha disparado el primer tiro' como reacción a la admisión de la demanda de nulidad que interpuso el Ministerio Público.
'Si comparamos el juicio con una batalla podemos decir que todavía no se ha disparado el primer tiro. 'Todavía falta que se nos notifique para que podamos responder', expresó el funcionario, quien asegura que son varias las opciones que tienen para responder a la acción del Ministerio Público.
Existen los recursos de defensa previa, nulidad y trámite incidental con lo que se pueden contrarrestar las pretensiones de la Fiscalía, indicó.
Gasto millonario
El ex aspirante presidencial liberal, Ramón Villeda Bermúdez, alabó ayer la posición del Ministerio Público con respecto a la firmeza conque está actuando en relación con demanda de nulidad contra la cuarta urna.
Según Villeda Bermúdez, la misma actitud debe asumir el Tribunal Superior de Cuentas para investigar el gasto millonario que desde el gobierno se realiza para publicitar esa urna.
'En vez de que los poderes del Estado estén enfrascados en una discusión sobre la cuarta urna, tanto el presidente de la República, Manuel Zelaya; el titular del Congreso, Roberto Micheletti y el candidato del Partido Liberal, Elvin Santos, deben reunirse y buscar un procedimiento que permita hacer los cambios que requiere el país', señaló.
El político liberal recomendó, además, que el Congreso Nacional debe de aprobar cuanto antes la Ley Especial que reglamentará la práctica del plebiscito y el referéndum porque ya existe la reforma constitucional que se hizo durante el período legislativo del nacionalista Porfirio Lobo Sosa.
'Ahora lo que hay que hacer es aprobar un reglamento para poder, en su momento, todos los partidos, poner en práctica estas figuras para preguntarle a la población si está de acuerdo con la consulta popular.
Villeda indicó que el Partido Liberal está de acuerdo con la consulta popular en base a la ley, es decir utilizando las figuras del plebiscito y el referéndum.
PGR espera notificación
La Procuraduría General de la República, PGR, espera ser notificada para emitir un pronunciamiento sobre si procede o no la suspensión de la encuesta del último domingo de junio.
En su demanda ordinaria de nulidad del decreto ejecutivo PCM-005-2009, el Ministerio Público, MP, pide que se declare la suspensión del acto impugnado, en este caso la encuesta que impulsa el Poder Ejecutivo.
Dicha demanda fue ayer admitida por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, donde se interpuso la demanda, que evacuará un proceso por aparte para definir la suspensión o no del acto impugnado. El trámite está establecido siguiendo los parámetros establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Para ese efecto, un receptor del Juzgado emplazará a la procuradora general Rosa América Miranda de Galo, para que dentro del plazo de tres días una vez notificada se pronuncie sobre si está o no de acuerdo con la suspensión de la encuesta del último domingo de junio, o prefiere no emitir ningún criterio sobre el particular.
Sobre esto, las autoridades de la PGR emitieron ayer su primera reacción ante la admisión de la demanda interpuesta por el MP. 'A través de los medios de comunicación nos hemos enterado de que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo admitió una demanda promovida por el MP en contra del Estado de Honduras, la cual está encaminada a pedir la nulidad de un acto administrativo', manifestó Héctor Herrera, consultor jurídico de la PGR.
Ponce: Sí pueden capturar a Mel
Tegucigalpa. El ex presidente del Congreso Nacional, Rafael Pineda Ponce, dijo que el mandatario Manuel Zelaya no puede pregonar que a él no lo pueden capturar los policías, ante una eventual orden de captura ordenada por los juzgados, porque ahora ya no existe la 'obediencia debida' sino la 'obediencia legal'.
Si el Ministerio Público interpone un requerimiento fiscal contra el Presidente por promover el continuismo, los policías estarían ante una situación de obedecer a un juez que actuaría amparado en la Constitución de la República o al mandatario.
Según el ex ministro de Educación, 'tanto militares como policías están más comprometidos con la ley'.
Pineda Ponce dijo que Zelaya incurrirá en desacato si la Corte Suprema de Justicia declara ilegal la consulta que el Ejecutivo dice realizará el último domingo de junio para preguntarle al pueblo si respalda o no la instalación de una cuarta urna el día de las elecciones.
Con esta acción, lo que se busca es instalar una Constituyente y darle un zarpazo a la Constitución.
'Si el fallo fuese diciendo: esa consulta no entorpece en nada y no existe prohibición alguna para que se ejecute, pues naturalmente no habrá manera de que eso no se haga. Pero si el fallo dice que no, hacerla contra ese fallo es un desacato', añadió.
Pineda Ponce se pronunció por iniciar en Honduras una campaña de respeto a todas las instituciones públicas.
El veterano líder liberal es uno de los grandes defensores de la Constitución. Él ha cuestionado la posición del mandatario, pues en vez de gobernar se ha dedicado a promover una cuarta urna con el fin de avalar el continuismo.
- El tema de la cuarta urna dividió a los ocho magistrados liberales y siete nacionalistas de la CSJ.
- Malestar causó en los magistrados de la Corte que el presidente Jorge Rivera se pronunciara sobre el tema.
- La decisión del presidente Zelaya de darle tiro de gracia a la Constitución provocó la conformación de un frente cívico que la defiende.
- Indignados están algunos abogados porque un español está ya redactando una 'nueva constitución'.
- Cuánto cobrará el jurista español es la pregunta que se hacen los abogados hondureños.
Los protagonistas
Mantiene su postura de realizar la encuesta en junio para darle el tiro de gracia a la Constitución, incluso un experto español ya está en el país para redactar la nueva Carta Magna.
Manuel Zelaya
Presidente de la República
Asegura que la consulta popular que llama el Gobierno es ilegal y por esa causa ha pedido su nulidad. El Colegio de Abogados señaló que la postura del fiscal está apegada a derecho.
Luis Rubí
Fiscal general
Será citada para que conteste la demanda interpuesta por el Ministerio Público. Ella deberá pronunciarse sobre si está de acuerdo o no conque se suspenda la encuesta o si prefiere no emitir ningún comentario.
Rosa América Miranda
Procuradora general
