El Ministerio Público ejecutó el fin de semana una serie de allanamientos en propiedades del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, sin presentar una orden judicial escrita, lo que ha generado fuertes críticas por parte de juristas y defensores del Estado de derecho.
Las operaciones se realizaron en una residencia ubicada en la aldea Las Casitas, otra en la residencial Las Hadas, de la capital, y una tercera en Olancho. Edmundo Orellana, ex fiscal general del Estado, cuestionó la legalidad de las acciones.
“El MP y la Policía saben que deben tener la orden judicial por escrito para allanar una casa y, sin embargo, proceden al allanamiento sin esa orden. Se atenta contra el Estado de derecho y todos los hogares del país están amenazados”, advirtió.
El MP y la policía saben que deben tener la orden judicial por escrito para allanar una casa y, sin embargo, proceden al allanamiento sin esa orden, se atenta contra el Estado de Derecho y todos los hogares del país están amenazados.
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) May 25, 2025
De acuerdo con el MP, las diligencias forman parte de una investigación contra Vásquez Velásquez por el presunto delito de lavado de activos. El MP lo vincula con dinero proveniente del narcotráfico durante su campaña como candidato presidencial por el Partido Alianza Patriótica de Honduras (APH) en 2013.
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), también cuestionó el procedimiento y la motivación de las acciones judiciales.
“La percepción del pueblo hondureño sobre los allanamientos a los bienes de Romeo Vásquez es que se trata de una persecución política”, manifestó. “Hay un montón de elementos en relación con el caso del general Romeo Vásquez, y aquí es un cuestionamiento que la mayoría de la población se está haciendo”, agregó Solórzano
El exjefe castrense está prófugo de la justicia, luego de ser acusado, en enero, junto con otros dos generales, también retirados, del asesinato del joven Isis Obed Murillo en 2009.
