Los exfiscales Luis Alberto Rubí y Roy Urtecho rehuyeron el juicio político, pero no se salvan de ser requeridos judicialmente por sus actuaciones irregulares al frente del Ministerio Público.
Ayer trascendió que la Junta Interventora del Ministerio Público espera un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre las actuaciones irregulares de estos funcionarios para entablar los requerimientos fiscales.
El interventor Lino Tomás Mendoza manifestó que el TSC “está obligado a desarrollar esos procesos de investigación y los estaremos recibiendo”.
Rubí y Urtecho le presentaron su renuncia irrevocable al Congreso Nacional tras conocer que la Comisión de Seguridad del Legislativo, en un informe que presentará al plenario, recomienda que ambos funcionarios sean sometidos a un juicio político para despojarlos del cargo.
La Junta Interventora encontró varias irregularidades que le trasladó para su investigación profunda al Tribunal Superior de Cuentas.
Lino Tomás Mendoza subrayó que se están desarrollando varios procesos de investigación sobre las acciones administrativas de Rubí y de Urtecho y que hay un equipo de técnicos que trabajan para identificar las acciones que pudieran convertirse en delitos.
El miembro de la Interventora destacó la importancia del apoyo internacional en las auditorías.
En relación con las denuncias por la acción fiscal, Mendoza aseguró que cuentan con 136 acusaciones que están siendo investigadas, correspondientes a las fiscalías de la Corrupción, Delitos Comunes y Crimen Organizado. La renuncia de Rubí y la de Urtecho fue el camino más viable que los funcionarios escogieron porque las irregularidades encontradas por la Interventora durante su gestión son muchas, aseguró Mendoza.
No hay ambiente
Por el momento no hay ambiente en el Congreso Nacional para elegir a los sustitutos de Luis Alberto Rubí y Roy Urtecho.
Los diputados fueron convocados a una sesión el lunes para conocer las renuncias de estos funcionarios, pero no necesariamente deberán elegir a los reemplazantes, en vista de que la administración de esa entidad está a cargo de una Junta Interventora, cuyas funciones vacan hasta finales de julio.
Dicha junta, creada por el Congreso Nacional, asumió todos los poderes del Ministerio Público, inicialmente durante 60 días, que concluyeron el pasado 17 de junio; ese plazo fue ampliado por el CN por 45 días, que concluyen a finales del próximo mes. El diputado liberal Erick Rodríguez afirmó que la posición de su bancada es que la elección del nuevo fiscal “no se debe tomar a rajatabla”.
Indicó que este es un tema muy delicado, por lo que no se puede tomar una decisión apresurada que repercuta en la seguridad del país.
Matías Funes, integrante de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), recomendó que los políticos deben hacer un alto y terminar de una vez por todas su injerencia en el Ministerio Público.
“No se trata de cambiar una persona por otra”, dijo al referirse a la elección de nuevos titulares del MP tras las renuncias del fiscal general Luis Rubí y su adjunto Roy Urtecho. “Se trata de hacer una reestructuración del Ministerio Público porque los políticos han ido deformando esta institución”, aseveró.
“Nuevo Fiscal debe surgir del análisis profundo”
El exfiscal Edmundo Orellana Mercado sostiene que el Ministerio Público “va en picada por la manipulación que han hecho los políticos desde el Congreso Nacional”.
Orellana sostiene que la salida de la institución de los fiscales Luis Alberto Rubí y Roy Urtecho “obedece a intereses particulares y no al bien común”.
Afirmó que la definición del futuro del Ministerio Público debe ser analizada cuidadosamente. La selección del nuevo Fiscal no debe ser una decisión improvisada ni abrupta.
La selección debe ser producto del análisis profundo de la situación en que se encuentra el Ministerio Público, recomendó Orellana.
Opinó que el sustituto de Rubí debe ir a trabajar en las tareas y las recomendaciones que el Congreso Nacional le ha señalado a la Junta Interventora y eso significa mejorar el aspecto administrativo y formular programas que respondan a las necesidades del sistema de seguridad y justicia que requiere el país, dijo.
Orellana afirmó que los diputados deben elegir a un profesional que responda a la realidad nacional e inicie la brecha para reducir los índices de impunidad en Honduras.
