Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, informó que un juez optó por reactivar el resonado caso judicial conocido como “Red de diputados”, cuatro años después de las últimas indagatorias.
El caso, que incluye a varios excongresistas hondureños señalados por corrupción, fue encumbrado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
En el informe de esa entidad se describe que varios parlamentarios hondureños desviaron fondos públicos a través de una organización no gubernamental (ONG).
En tal sentido, Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia serán convocados para audiencia inicial el próximo 26 de abril a las 9:00 a.m. Allí, conocerán su fallo.
La Maccih y Uferco, integrados en 2017, descubrieron, reza el informe, “una red de diputados que se apropió de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal”.
La investigación continúa describiendo que los congresistas recibían fondos a través de una ONG a través de la Secretaría de Finanzas y con la venia del Congreso Nacional.
Estos solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, mismos que eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
Al menos 15 cheques recibidos por la supuesta red de corrupción fueron añadidos a las causas investigativas. En total, dicta el informe, se trasladaron L. 8,300,000 (ocho millones trescientos mil lempiras) a la ONG.
“Solicitamos tres veces pronto despacho a la señora juez para que señalara la audiencia, es la audiencia de la resolución. El caso se retrotrae para que exista una resolución ya sea un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo”, explicó el jefe de Uferco.
Además, Santos solicitó que se nombre una comisión de “notables extranjeros” que revisen los casos que presentó la Maccih y que no vieron abiertos procesos judiciales en las cortes hondureñas.
