Un juez de Honduras ordenó este lunes la medida de prohibición de salida del país al exalcalde de Tegucigalpa y actual precandidato presidencial, Nasry Asfura, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia tras ser citado por lavado de activos, malversación de caudales públicos y fraude, informó una fuente judicial.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas sustitutivas a la prisión contra Nasry Asfura y otros siete exfuncionarios tras comparecer en la audiencia de declaración de imputados, dijo a periodistas la portavoz judicial Bárbara Castillo.
Diputados y decenas de simpatizantes del Partido Nacional, principal fuerza de oposición, se concentraron este lunes frente al juzgado para expresar su apoyo a Nasry Asfura.
La resolución del juez indica que Nasry Asfura y los otros acusados se defenderán en libertad, pero no podrán salir del país y deberán firmar mensualmente un libro de control en el juzgado, señaló.
Según la portavoz judicial, Nasry Asfura presentó una fianza de 15 millones de lempiras (602.324 dólares), mientras que la de los otros siete acusados es de un millón de lempiras (40.155 dólares) cada uno.
Audiencia preliminar
Todos deberán comparecer nuevamente el 4 de noviembre para la audiencia preliminar.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) acusó el 10 de octubre a Nasry Asfura y siete exfuncionarios por presunto lavado de activos, malversación, fraude, uso de documento falso y violación de deberes.
Según la denuncia, se habría ejecutado un esquema para “drenar fondos públicos y posteriormente proceder al lavado de dinero”, en el que se habrían desviado 28,5 millones de lempiras (1,14 millones de dólares) de forma “sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros”.
Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, junto a Cinthia Borjas y Nilvia Castillo, son señalados como “responsables” de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios”.
Además, la Fiscalía acusa a Mario Zerón y Rony López por “fraude y violación de los deberes de los funcionarios”; Wilmer Rodríguez y Roger Amador por “lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos”, y Óscar Uriarte por “lavado de activos”.
Según las investigaciones, el dinero habría sido desviado entre 2017 y 2018 mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Nasry Asfura, Borjas y Castillo, justificados como “fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos”.
Sin embargo, la Fiscalía indica que los cheques fueron “depositados en cuentas personales” de los acusados y beneficiaron a “personas naturales y jurídicas” vinculadas al exalcalde capitalino.
La acusación señala que parte del dinero se desvió para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la Alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Nasry Asfura y realizar compras personales.
En 2020, la Fiscalía hondureña había solicitado un antejuicio (pérdida de inmunidad) contra Nasry Asfura, quien entonces también era precandidato presidencial, pero la Sala Penal revocó, de forma temporal, en 2021 el fallo emitido por la Corte de Apelaciones que aceptaba la solicitud. EFE
