Tegucigalpa, Honduras.
Medidas sustitutivas a la detención judicial se dictó ayer en los Juzgados de Letras de lo Penal en contra de dos exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) acusados por el millonario desfalco de la institución.
Lisandro René Ponce Rosales y René Ismael Medina Romero son acusados por el Ministerio Público por fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y del Seguro Social.
Ambos formaban parte del comité evaluador de las ofertas que se presentaban al Seguro Social para la venta de suministros y equipos.
En el requerimiento fiscal se establece que René Medina se desempeñaba como subgerente de suministros, materiales y compras; mientras que el doctor Lisandro Rosales era el gerente del Hospital de Especialidades.
Por este caso también están procesados Mario Zelaya y José Ramón Bertetty, presos en el Primer Batallón de Infantería. A Rosales y Medina les fueron impuestas las medidas de no salir del país, firmar el libro de asistencia una vez por semana y una fianza.
La audiencia
El juez 14 programó la audiencia para la 1:00 pm, hora en que ya estaban presentes los fiscales, un representante de la Procuraduría General de la República y el doctor Lisandro Ponce acompañado por su abogado defensor. 15 minutos después se presentó René Medina junto a su apoderado legal.
En el inició de la audiencia, los fiscales formalizaron la acusación en contra de los exfuncionarios aduciendo que incurrieron en delito al aprobar como miembros de la junta evaluadora del Seguro Social el contrato con la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa), por la compra de equipo biomédico.
Según la exposición de los fiscales, “este equipo fue ofrecido y vendido a un precio elevado en comparación a las otras ofertas presentadas durante el proceso de licitación”.
Sin embargo, aseguran que a pesar de la sobrevaloración de los precios, los acusados habrían recomendado a las autoridades del IHSS la firma.
Según el informe de la comisión interventora del Seguro Social, el contrato fue firmado por 118 millones de dólares, de los cuales la compañía solo recibió un pago de 61 millones, ya que en eso se produjo la intervención de la institución. La defensa expuso que por el trabajo que desempeñaban los acusados, estos no tenían la potestad de firmar contratos.
“Formaban parte de una junta, pero posterior a ellos había más gente que venía haciendo otro papel, o sea que no era solamente la palabra que ellos dieran”, explicó el abogado Ricardo Interiano, defensor del doctor Rosales. Sostuvo que la resolución fue apegada a derecho, por lo que la defensa estaba conforme.
El Ministerio Público anunció que en las próximas horas presentará un recurso de apelación por no estar conforme con la misma, ya que considera que la participación de ambos acusados en la aprobación del contrato constituía la detención judicial y no la otorgación de medidas.
La Fiscalía recalcó que durante la audiencia solicitaron al juez la encarcelación de los acusados, pero que se resolvió otorgar las medidas y admitir una fianza de 1.6 millones de lempiras constitutiva a fianzas hipotecarias.
Después de casi cuatro horas de deliberación, la audiencia se dio por finalizada y los acusados salieron del despacho sin pronunciar palabra alguna, lo mismo sucedió con los fiscales, quienes después emitieron un comunicado de prensa. Se programó la audiencia inicial para el 2 de octubre a la 9:30 am.
Medidas sustitutivas a la detención judicial se dictó ayer en los Juzgados de Letras de lo Penal en contra de dos exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) acusados por el millonario desfalco de la institución.
Lisandro René Ponce Rosales y René Ismael Medina Romero son acusados por el Ministerio Público por fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y del Seguro Social.
Ambos formaban parte del comité evaluador de las ofertas que se presentaban al Seguro Social para la venta de suministros y equipos.
En el requerimiento fiscal se establece que René Medina se desempeñaba como subgerente de suministros, materiales y compras; mientras que el doctor Lisandro Rosales era el gerente del Hospital de Especialidades.
Por este caso también están procesados Mario Zelaya y José Ramón Bertetty, presos en el Primer Batallón de Infantería. A Rosales y Medina les fueron impuestas las medidas de no salir del país, firmar el libro de asistencia una vez por semana y una fianza.
La audiencia
El juez 14 programó la audiencia para la 1:00 pm, hora en que ya estaban presentes los fiscales, un representante de la Procuraduría General de la República y el doctor Lisandro Ponce acompañado por su abogado defensor. 15 minutos después se presentó René Medina junto a su apoderado legal.
En el inició de la audiencia, los fiscales formalizaron la acusación en contra de los exfuncionarios aduciendo que incurrieron en delito al aprobar como miembros de la junta evaluadora del Seguro Social el contrato con la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa), por la compra de equipo biomédico.
Según la exposición de los fiscales, “este equipo fue ofrecido y vendido a un precio elevado en comparación a las otras ofertas presentadas durante el proceso de licitación”.
Sin embargo, aseguran que a pesar de la sobrevaloración de los precios, los acusados habrían recomendado a las autoridades del IHSS la firma.
Según el informe de la comisión interventora del Seguro Social, el contrato fue firmado por 118 millones de dólares, de los cuales la compañía solo recibió un pago de 61 millones, ya que en eso se produjo la intervención de la institución. La defensa expuso que por el trabajo que desempeñaban los acusados, estos no tenían la potestad de firmar contratos.
“Formaban parte de una junta, pero posterior a ellos había más gente que venía haciendo otro papel, o sea que no era solamente la palabra que ellos dieran”, explicó el abogado Ricardo Interiano, defensor del doctor Rosales. Sostuvo que la resolución fue apegada a derecho, por lo que la defensa estaba conforme.
El Ministerio Público anunció que en las próximas horas presentará un recurso de apelación por no estar conforme con la misma, ya que considera que la participación de ambos acusados en la aprobación del contrato constituía la detención judicial y no la otorgación de medidas.
La Fiscalía recalcó que durante la audiencia solicitaron al juez la encarcelación de los acusados, pero que se resolvió otorgar las medidas y admitir una fianza de 1.6 millones de lempiras constitutiva a fianzas hipotecarias.
Después de casi cuatro horas de deliberación, la audiencia se dio por finalizada y los acusados salieron del despacho sin pronunciar palabra alguna, lo mismo sucedió con los fiscales, quienes después emitieron un comunicado de prensa. Se programó la audiencia inicial para el 2 de octubre a la 9:30 am.
