24/10/2026
09:04 AM
Jueces rechazan injerencia del Congreso y Ejecutivo
- Actualizado: 05 septiembre 2010 /
Esto en relación a la emisión de un Decreto Legislativo que confisca la frecuencia de Canal 8 de televisión para uso del Gobierno.
Jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la injerencia al Poder Judicial por parte del Congreso Nacional y el Ejecutivo.
Esto en relación a la emisión de un Decreto Legislativo que confisca la frecuencia de Canal 8 de televisión para uso del Gobierno. El decreto se aprobó a pesar de que existe una sentencia definitiva firme que resuelve que dicha frecuencia es propiedad de Teleunsa, cuyo propietario es Elías Asfura.
Blog: Prensa y Expresión: Canal 8: torpeza y ridiculez
“Rechazamos toda injerencia, toda invasión sobre la independencia del Poder Judicial. Se está violentando la Constitución de la República al querer invadir las facultades de la Corte Suprema de Justicia, la cual es un poder independiente”, manifestó ayer el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asojmah, Teodoro Bonilla.
Explicó que la concesión de la frecuencia de Canal 8 fue disputada en el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, adonde el juez, en uso de sus facultades legales, resolvió el conflicto al aplicar la Constitución y las leyes. Indicó que cualquier alegato posterior a la sentencia no tiene ninguna validez jurídica. “Hay un juicio fenecido”, dijo.
El artículo 304 de la Constitución establece que le compete a la CSJ juzgar y ejecutar lo juzgado, que ése no es el papel del CN.
“No es vía decreto que se va a dejar sin valor y efecto una sentencia”, manifestó. “Con ese decreto pareciera que el CN está impartiendo justicia, cuando la Constitución, en su artículo 105, prohíbe la confiscación de bienes, que la propiedad privada debe respetarse”, precisó el juez.
En consecuencia, recalcó que se debe “dar el debido y estricto cumplimiento a dicha sentencia, como todas las sentencias que dictan los tribunales, así se garantiza el Estado de derecho y la seguridad jurídica”.
Incurren en delito
Bonilla advirtió que los diputados estarían incurriendo en responsabilidad penal si se aprueba el acta del decreto.
Igualmente, las autoridades de Conatel estarían incurriendo en el delito de violación a los deberes de los funcionarios de no exigir el cumplimiento de la sentencia. El análisis se hace en función de lo estipulado en la Constitución de la República y el Código Penal. “Al aprobarse un decreto que deja sin valor y efecto la sentencia esto entraría en el campo penal de abuso de autoridad por aquellos funcionarios que firmasen o quisiesen firmar ese decreto”, advirtió el magistrado.
Argumentó que se estaría incurriendo en responsabilidad porque el referido decreto “violenta la Constitución, invade las atribuciones del Poder Judicial, de los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, de impartir justicia”. El jurista confía en que los diputados, especialmente los que son abogados, deben reflexionar, ser sensatos y sabios para no violar la Constitución.
“Lo que corresponde en este caso es ejecutar una sentencia firme por parte de los funcionarios de Conatel”, dijo.
Por lo anteriormente expuesto pidió a la Fiscalía contra la Corrupción actuar de oficio.
Custodio: “Es violación a libertad de expresión”
Tegucigalpa. El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, declaró que el Estado prácticamente le ha expropiado un canal de televisión al empresario Elías Asfura, pese a que el Poder Judicial ha dicho que es de su propiedad.
Según Custodio, es una grave violación a la libertad de expresión, que el Estado, desde el Poder Ejecutivo, desobedezca una orden de un juzgado competente para usurparle un medio de comunicación al empresario en mención. “Cuando uno habla de libertades debe ser ecuánime y quien cometa restricciones o usurpaciones debe ser denunciado. En este caso, al empresario hondureño, desde el Estado, se le están limitando sus derechos” dijo Custodio.
Señaló que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo equivocaron el camino con el decreto aprobado para despojar de la frecuencia de Canal 8 a la empresa Teleunsa.
Esto en relación a la emisión de un Decreto Legislativo que confisca la frecuencia de Canal 8 de televisión para uso del Gobierno.
Jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la injerencia al Poder Judicial por parte del Congreso Nacional y el Ejecutivo.
Esto en relación a la emisión de un Decreto Legislativo que confisca la frecuencia de Canal 8 de televisión para uso del Gobierno. El decreto se aprobó a pesar de que existe una sentencia definitiva firme que resuelve que dicha frecuencia es propiedad de Teleunsa, cuyo propietario es Elías Asfura.
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“Rechazamos toda injerencia, toda invasión sobre la independencia del Poder Judicial. Se está violentando la Constitución de la República al querer invadir las facultades de la Corte Suprema de Justicia, la cual es un poder independiente”, manifestó ayer el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asojmah, Teodoro Bonilla.Explicó que la concesión de la frecuencia de Canal 8 fue disputada en el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, adonde el juez, en uso de sus facultades legales, resolvió el conflicto al aplicar la Constitución y las leyes. Indicó que cualquier alegato posterior a la sentencia no tiene ninguna validez jurídica. “Hay un juicio fenecido”, dijo.
El artículo 304 de la Constitución establece que le compete a la CSJ juzgar y ejecutar lo juzgado, que ése no es el papel del CN.
“No es vía decreto que se va a dejar sin valor y efecto una sentencia”, manifestó. “Con ese decreto pareciera que el CN está impartiendo justicia, cuando la Constitución, en su artículo 105, prohíbe la confiscación de bienes, que la propiedad privada debe respetarse”, precisó el juez.
En consecuencia, recalcó que se debe “dar el debido y estricto cumplimiento a dicha sentencia, como todas las sentencias que dictan los tribunales, así se garantiza el Estado de derecho y la seguridad jurídica”.
Incurren en delito
Bonilla advirtió que los diputados estarían incurriendo en responsabilidad penal si se aprueba el acta del decreto.
Igualmente, las autoridades de Conatel estarían incurriendo en el delito de violación a los deberes de los funcionarios de no exigir el cumplimiento de la sentencia. El análisis se hace en función de lo estipulado en la Constitución de la República y el Código Penal. “Al aprobarse un decreto que deja sin valor y efecto la sentencia esto entraría en el campo penal de abuso de autoridad por aquellos funcionarios que firmasen o quisiesen firmar ese decreto”, advirtió el magistrado.
Argumentó que se estaría incurriendo en responsabilidad porque el referido decreto “violenta la Constitución, invade las atribuciones del Poder Judicial, de los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, de impartir justicia”. El jurista confía en que los diputados, especialmente los que son abogados, deben reflexionar, ser sensatos y sabios para no violar la Constitución.
“Lo que corresponde en este caso es ejecutar una sentencia firme por parte de los funcionarios de Conatel”, dijo.
Por lo anteriormente expuesto pidió a la Fiscalía contra la Corrupción actuar de oficio.
Custodio: “Es violación a libertad de expresión”
Tegucigalpa. El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, declaró que el Estado prácticamente le ha expropiado un canal de televisión al empresario Elías Asfura, pese a que el Poder Judicial ha dicho que es de su propiedad.
Según Custodio, es una grave violación a la libertad de expresión, que el Estado, desde el Poder Ejecutivo, desobedezca una orden de un juzgado competente para usurparle un medio de comunicación al empresario en mención. “Cuando uno habla de libertades debe ser ecuánime y quien cometa restricciones o usurpaciones debe ser denunciado. En este caso, al empresario hondureño, desde el Estado, se le están limitando sus derechos” dijo Custodio.
Señaló que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo equivocaron el camino con el decreto aprobado para despojar de la frecuencia de Canal 8 a la empresa Teleunsa.
