Aunque enfrenta cuestionamientos por presunto uso indebido de fondos públicos, la diputada Isis Cuéllar continúa ejerciendo funciones y recibiendo su salario, confirmó Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional.
“No ha sido suspendida ni hay acción legal en su contra. Ella sigue siendo diputada y, por tanto, mantiene su salario. Solo podría dejar de serlo mediante un juicio político”, afirmó Hugo Noé Pino al ser consultado sobre el estatus de la legisladora, señalada en el caso conocido como el “cheque video”.
Cuéllar recibió un permiso para ausentarse temporalmente del Congreso, con el objetivo de atender las investigaciones relacionadas con un escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En el centro de la polémica está la supuesta utilización de fondos estatales para actividades proselitistas del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El 2 de julio, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, confirmó que Cuéllar solicitó licencia para hacer frente a los señalamientos que involucran también al exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona. Ambos aparecen en una grabación que muestra una conversación sobre la asignación de recursos públicos para fines políticos en el departamento de Copán.
Cardona fue separado de su cargo tras la difusión del video, que desató una investigación interna en el Congreso y en otras entidades estatales. “Se están realizando auditorías para determinar si hubo alguna irregularidad en el manejo de recursos”, señaló Noé Pino.
El vicepresidente del Legislativo también se refirió a versiones periodísticas que afirman que el exdiputado Carlos Zelaya seguiría recibiendo salario del Congreso. Noé Pino lo negó categóricamente y sostuvo que no existe registro oficial de pagos activos a su nombre, pese a que documentos en poder de medios de comunicación indican lo contrario.
Respecto al manejo de fondos legislativos, Noé Pino reiteró que todas las subvenciones deben estar debidamente documentadas y liquidadas. Aclaró que el fondo social legislativo solo permite gestiones, y que la ejecución de los recursos recae en otras dependencias.
