En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto de la Propiedad (IP) y la Secretaría de Derechos Humanos, se reunieron este miércoles tratar temas que beneficien a comunidades indígenas de Santa Ana y Tierras del Padre en Francisco Morazán.
Ambas instituciones buscan analizar los casos concretos del conflicto de tierra de estas dos comunidades que han venido luchando por sus derechos durante varios años.
Darío García, secretario ejecutivo del IP, indicó que la agenda de la presidenta Xiomara Castro contempla el enfoque de género, de manera que todos los empleados y las instituciones tengan respeto y empatía por las minorías.
También puede leer: Cada médico cubano le generará cerca de $3,000 en costos a Honduras
“Veremos el conflicto social general que se ha querido ver por los gobiernos anteriores, pero nosotros lo vamos a enfocar en los derechos humanos, en el género, las minorías y los grupos étnicos porque son ellos los que han estado peleando por el respeto de los derechos”, dijo García.
Manifestó que, como institución de gobierno el IP tiene la obligación de respetar los derechos humanos y reivindicar esos derechos que se han ido perdiendo.
Además: Exigen investigar la desaparición de cinco afrodescendientes hondureños hace dos años
Por su parte, Natalie Roque, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos expresó que, “los pueblos indígenas reclaman justicia y derecho a la vida, eso pasa por el derecho y la defensa a la tierra, de los recursos, de los bienes comunes”.
Roque agregó que reconocen los derechos de los pueblos y desde ese espacio hacen el llamado para que se pueda abordar la problemática de la institucionalidad del Estado que se ha profundizado a raíz de la entrega de títulos de tierras ejidales o titulaciones ancestrales de pueblos indígenas y afrodescendientes.
La funcionaria aseguró que han girado invitación a la Procuraduría General de la República (PGR), para que reactive la unidad encargada de dar seguimiento a los funcionarios o exfuncionarios que han cometido actos reñidos con la ley y responsabilizarlos más allá de las instancias judiciales, porque además de la violación a los derechos humanos de las comunidades, representa un daño para el Estado de Honduras.
Lea: Indígenas piden a Xiomara Castro respeto a los derechos de los pueblos originarios
El IP y la Secretaría de Derechos Humanos se comprometieron a trabajar de manera articulada y como primer paso elaborarán un informe preliminar sobre la situación relacionada con la tierra y determinar las acciones a tomar para solucionar el conflicto.
