Cheques sin firmas, documentos con alto riesgo de falsificación, beneficiarios inexistentes y fondos públicos entregados a estructuras políticas del partido Libertad y Refundación (Libre) forman parte del preocupante patrón denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Ambas organizaciones revelaron la existencia de una presunta red de desvío de recursos estatales con fines proselitistas, supuestamente operada en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Copán.
Esta semana salió a la luz pública un video en el que aparece la diputada Isis Cuéllar, vicepresidenta del Congreso Nacional, hablando con el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre la entrega de cheques a supuestos simpatizantes del partido oficialista, sin ningún proceso de transparencia o verificación legal.
Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación del CNA, reveló: “Nosotros estamos realizando una investigación, donde se nos había puesto en contexto de varias irregularidades que se estaban dando en diferentes secretarías, incluyendo Sedesol”.
“No nos dieron contestación íntegra a lo que nosotros solicitamos, en virtud de que nos dieron cierta información en una memoria USB donde contenía documentación en formato Word, quiere decir editable y sin firmas”, criticó Urbina.
“Venían ciertos cheques, pero solo venía la parte de enfrente y las tarjetas de identidad de varios de los que habían recibido y cambiado; entonces podríamos decir que no viene la parte del cheque endosado”.
Estos cheques fueron cambiados en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y, por obvias razones, debieron ir firmados por las personas que los cambiaron. Las copias enviadas al CNA no llevaban esas rúbricas.
“Es importante señalar que con lo que sale dentro del video, el Ministerio Público puede actuar de oficio, porque ya se está señalando que se está haciendo, destinando el dinero para ciertos sectores, ciertos puntos, ciertos diputados, y estas acciones dan los indicios de que pueden ser fraudulentos”, manifestó.
Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, sobre el uso de fondos públicos, adujo: “Ahora entiende por qué el presidente del Congreso Nacional (Luis Redondo) se ha negado a rendir cuentas sobre el uso de esos fondos”.
Desde la presidenta de la república hasta el fiscal general Johel Zelaya han afirmado que se llegará hasta las últimas consecuencias para investigar los actos de corrupción dentro del Gobierno.
“Así es que nosotros le tomamos la palabra al señor fiscal general, que dice que no se va a quedar con las sardinas, sino que va a llegar a los grandes”, expresó Hernández.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción han iniciado procesos de auditoría y verificación documental.
El ministro Sergio Coello confirmó que su equipo ya inspecciona liquidaciones y verificará en campo si las obras realmente fueron ejecutadas. Coello dijo que las investigaciones están avanzadas y que el viernes 27 de junio, a las 7:30 am, esperan tener una respuesta a la solicitud expresa de la mandataria.
Los primeros pasos de esta investigación por parte de la Secretaría de Transparencia se orientan a identificar a los beneficiarios de los fondos que salieron desde Sedesol y que fueron entregados a grupos de militantes de Libre en el departamento de Copán mediante Isis Cuéllar, diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional.
Asimismo, debe averiguar dónde están las liquidaciones correspondientes de los proyectos que supuestamente se ejecutaron, particularmente los mencionados en el video donde aparece Cuéllar junto al ministro Cardona.
“Estamos enmarcados en los proyectos ejecutados en el departamento de Copán, pero sí se va a hacer un proceso de investigación en general de todo lo que se ha ejecutado y cómo se han ejecutado estos recursos públicos. En estos dos días, luego de la petición de la presidenta Castro, se han centrado en ver si en las liquidaciones presentadas a la Sedesol constan los elementos básicos: como tarjetas de identidad, datos generales y, al mismo tiempo, la legibilidad de estos documentos”, declaró.
“Lo fundamental es que los beneficiarios que recibieron los recursos presentaran la liquidación en tiempo y forma. Quiero ser categórico: el trabajo se va a ampliar también a un trabajo de campo, para constatar las obras que se ejecutaron ‘in situ’ y emitir un informe”, manifestó Coello.
En el Tribunal Superior de Cuentas ya iniciaron la revisión de documentos provistos por la Secretaría de Desarrollo Social para una auditoría que será coordinada y ejecutada por la Gerencia de Auditoría del Sector Social del TSC.
Para este fin, la secretaría en cuestión habilitó una oficina en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), donde está su sede, para que el equipo auditor del TSC revise la documentación relacionada con la denuncia del presunto desvío de fondos para grupos ligados a Libre.
