Una comisión presidencial confirmó los abusos y las prácticas amañadas en el proceso de adjudicación de contratos para la construcción, mejoramiento de carreteras y supervisión de proyectos en el Fondo Vial.
Si bien es cierto el proceso en general fue legal, “no podemos obviar que en la etapa de evaluación se observaron las deficiencias precitadas, que introducen elementos de subjetividad al momento de evaluar a los participantes”, dicen.
“Con el ánimo de evitar conflicto de intereses y subjetividad el Fondo Vial debió identificar los nexos posibles de los miembros del comité técnico con las empresas mercantiles participantes en su institución”, agrega el informe.
Ventajas
Enseguida subraya: “Se alega que la sociedad Inseco tuvo injerencia y acceso previo a la información del Fondo Vial en virtud de que el señor Canales -Sergio, ex ministro de Obras Públicas- conformó dicho comité en representación del Colegio de Ingenieros Civiles y es parte como socio en dicha sociedad, lo cual crea una duda en cuanto a su actuación”.
“Se constató que la sociedad Regioplan por la misma naturaleza que se deriva del contrato vigente al 31 de octubre, fecha en que estaba en proceso la nueva contratación, tenía y tiene acceso a la información técnica, administrativa y financiera del Fondo Vial hecho que conlleva una ventaja al momento de elaborar sus propuestas”.
Luego, el informe es preciso en cuanto el ventajismo y abuso en el proceso de adjudicación de contratos en el Fondo Vial cuando afirma: “Ello deja en evidencia la ventaja técnica y competitiva sobre cualquier otro oferente, generando un conflicto evidente de interés en el proceso que se llevó a cabo”.
La comisión, presidida por el abogado Francisco Sibrián Bueso, director de la oficina normativa de contratación y adquisiciones del Estado, entregó su informe al ministro de la Presidencia y éste a su vez lo trasladó al presidente Manuel Zelaya.
El mandatario respondiendo a las preguntas de los periodistas si habría despidos de funcionarios, señaló que eso se analizará. Se había denunciado que Karla Uclés, directora de Vivienda, cedió sus acciones al otro socio, su esposo Mario Alberto Mejía en la sociedad Metro, para que ésta fuera seleccionada en la ejecución de proyectos.
