El fallo de una jueza federal que ordena frenar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras ha despertado expectativas entre miles de hondureños que viven en Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación oficial que permita la reactivación inmediata de los permisos de trabajo ni de las licencias de conducir.
Aunque la resolución judicial representa un respiro temporal para los beneficiarios, la falta de directrices claras por parte del Gobierno de Estados Unidos mantiene el panorama lleno de incertidumbre.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, explicó que la decisión judicial únicamente detiene la cancelación del TPS, pero no restablece de forma automática los beneficios migratorios asociados. Señaló que para que los permisos vuelvan a tener validez, es necesario que las autoridades federales emitan una notificación oficial a través de los mecanismos institucionales, específicamente mediante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Mientras esa publicación no se realice, indicó Flores, las instituciones estatales y federales carecen de base legal para actuar.
“Una persona puede presentarse al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), pero no le van a otorgar nada porque no existe un documento oficial que respalde la vigencia del permiso”, explicó.
Una situación similar enfrentan los empleadores, quienes por ley deben solicitar documentos oficiales que certifiquen que el permiso de trabajo está nuevamente autorizado y vigente.
El dirigente advirtió que el proceso sigue siendo incierto, ya que, pese a la orden judicial, el Gobierno del presidente Donald Trump aún tiene la posibilidad de apelar la decisión.
Flores recordó que escenarios parecidos se han registrado con otros países. En el caso de Venezuela, una resolución favorable fue revertida tras una apelación, lo que dejó sin protección a miles de beneficiarios. Por el contrario, en Haití, una apelación favorable permitió que los permisos de trabajo continuaran vigentes.
“En este momento, la situación sigue indefinida”, afirmó Flores, al señalar que lo único que se ha ganado hasta ahora es tiempo mientras el proceso legal continúa.
En ese contexto, consideró fundamental que el Gobierno de Honduras, liderado por el presidente electo Nasry Asfura, asuma un rol más activo y presente nuevamente una solicitud formal del TPS, lo que a su juicio representa la vía más firme para recuperar el beneficio de manera plena.
Pese al fallo judicial, Flores insistió en que los hondureños amparados por el TPS continúan en condición vulnerable. “Mientras el Gobierno de Estados Unidos no oficialice las medidas, los compatriotas siguen expuestos”, advirtió.
Más de 48 horas después de la resolución judicial, aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades estadounidenses, lo que mantiene en alerta a la comunidad migrante.
Ante este escenario, la Fundación 15 de Septiembre ha intensificado sus esfuerzos de orientación para evitar desinformación, estafas o decisiones precipitadas entre los beneficiarios.
Flores recomendó a los hondureños guiarse únicamente por información oficial y actuar con cautela para evitar problemas con autoridades migratorias mientras no exista una instrucción clara.
Detención
En medio de este contexto, el presidente de la fundación dio a conocer el caso de una hondureña beneficiaria del TPS que permanece detenida desde hace cuatro meses en un centro de detención en New Orleans.
Según relató, la mujer no ha recibido respaldo del Gobierno de Honduras, por lo que ha tenido que recurrir a organizaciones comunitarias para obtener apoyo legal y humanitario.
Flores aseguró que la fundación ya está dando seguimiento a su situación y que el reciente fallo judicial abre una posibilidad para lograr su liberación.
“Ya contamos con toda su información y estamos atentos a cualquier novedad que pueda surgir en las próximas horas”, indicó.
Finalmente, reiteró que la comunidad hondureña mantiene la esperanza de que el Gobierno estadounidense cumpla la orden judicial y evite una apelación inmediata que complique aún más la situación de miles de familias.
