Una jueza federal de Estados Unidos declaró ayer miércoles ilegal la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del Gobierno de Donald Trump para más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.
La jueza Trina Thompson, de California, consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ordenó la anulación de ese beneficio migratorio de manera “predestinada” y no cumplió con el procedimiento recogido en la ley.
Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró este jueves la decisión de la jueza federal Thompson que frenó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños que residen en ese país. A través de un mensaje publicado en la red social X, la mandataria destacó la importancia del fallo judicial para la comunidad migrante hondureña.
“Celebramos la decisión de una jueza federal en San Francisco que frena la cancelación del TPS para miles de hondureños en EE. UU.”, expresó Castro, quien además reafirmó el respaldo de su Gobierno a los migrantes. “Como Presidenta, reafirmo: Honduras está con ustedes. Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazo con orgullo y los defenderé hasta el último día de mi mandato”, agregó en su mensaje.
La jueza, que restauró el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual del DHS al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a 60 días.
Thompson declaró “que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fueron ilegales bajo la APA (Ley de Procedimiento Administrativo)” y dejó sin efectos la orden de Noem, indica el documento.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS alegando que puso final al amparo que los protegía de la deportación debido a una “animosidad racial”.
Varias organizaciones que representaron a los beneficiarios del TPS reaccionaron hoy positivamente a la decisión judicial pero lamentaron que la anulación del beneficio ya ha perjudicado a muchas personas que llevan décadas en el país.”
La decisión judicial de ayer restaura las protecciones del TPS para miles” de migrantes y “los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”, indicó el codirector del Centro de Derecho y Política Migratorios de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), Ahilan Arulanantham, en un comunicado.
El TPS es un tipo de beneficio migratorio que el DHS puede conceder a migrantes de países que estén atravesando por situaciones de emergencia —como desastres naturales o conflictos bélicos— que les impiden regresar de manera segura a sus hogares. EFE
