El Gobierno hondureño urgió este jueves al Parlamento a aprobar la polémica Ley de Justicia Tributaria antes de junio de 2024, que rechazan varios sectores, para que no declaren a Honduras una “guarida fiscal”.
”Urgimos a los diputados que aún se oponen a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria a recapacitar. Honduras se encuentra a la cola a nivel mundial en materia de transparencia tributaria”, dijo el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa.
Señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó al Gobierno hondureño que, de no aprobarse la Ley de Justicia Tributaria antes de junio de 2024, Honduras podría ser “formalmente declarada como una guarida fiscal”.
El país centroamericano es evaluado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE, añadió.
”Una calificación no conforme implicaría mayores dificultades para acceder a préstamos y donaciones para el desarrollo del país y sanciones económicas para exportar a mercados como la Unión Europea (UE)”, subrayó.
Paraísos fiscales
Ochoa indicó que Honduras aprobó entre 2009 y 2021 alrededor de 40 decretos que permitieron que “unas pocas familias ocultaran su riqueza en paraísos fiscales, con el fin de evitar el pago de impuestos”.
Agregó que la ley evitará que Honduras “sea declarado formalmente paraíso fiscal y nos permitirá combatir la evasión de las grandes fortunas del país”.
”Los intereses de unos pocos no están por encima del bienestar del pueblo”, apostilló el director del SAR.
El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo el pasado 26 de abril al Parlamento y ese mismo día fue remitido a una comisión para su estudio antes de ser conocida en el pleno para su aprobación, para lo que requiere el voto de al menos 65 de los 128 diputados.
La iniciativa, según el Gobierno, busca generar empleo de calidad en condiciones beneficiosas para el pueblo y los inversionistas, atraer inversión extranjera y promover la inversión nacional.
La propuesta es rechazada por varios sectores de Honduras, entre ellos la empresa privada, por considerarla “malintencionada” y que profundizará “más” la difícil situación de los pobres en el país, lo que rechaza el Gobierno. EFE
