Tegucigalpa, Honduras.
La autoridad electoral de Honduras se encuentra en la fase final del proceso para proclamar al ganador de las elecciones presidenciales celebradas el mes pasado, en un escenario caracterizado por una estrecha diferencia de votos, impugnaciones aún pendientes y una profunda división interna dentro del organismo responsable del escrutinio.
Con el 99.2% de las actas contabilizadas hasta ayer martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en sesión nocturna un informe que propone declarar al vencedor de los comicios “con los datos que hasta este momento se tienen a disposición”. La resolución fue respaldada por dos de los tres consejeros que integran el Pleno del organismo.
De acuerdo con los resultados preliminares, el candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, lidera el conteo con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal y ex vicepresidente del actual gobierno que encabeza Xiomara Castro. Asfura cuenta además con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, un elemento que ha generado atención internacional sobre el proceso hondureño.
Aunque el CNE no precisó la fecha exacta de la proclamación oficial, dirigentes del Partido Nacional sostienen que esta podría concretarse este miércoles. El órgano electoral tiene como plazo legal hasta el 30 de diciembre para declarar al nuevo mandatario. Sin embargo, aún permanece pendiente la revisión de aproximadamente 600 actas que presentan inconsistencias.
El informe aprobado también desestimó varias impugnaciones, una decisión que, según el CNE, allana el camino para la declaratoria final. No obstante, esta determinación ha sido rechazada por el principal contendiente de Asfura. Salvador Nasralla cuestionó el procedimiento y reiteró su exigencia de una revisión más amplia del escrutinio.
“No acepto la declaratoria, están impidiendo el conteo voto por voto”, afirmó Nasralla en un video difundido el martes en sus redes sociales. El candidato liberal aseguró que persisten supuestas irregularidades en miles de actas y reclamó un recuento exhaustivo antes de cualquier proclamación oficial. Aun así, aseguró que no convocará a movilizaciones en las calles mientras se define el proceso.
Las tensiones también se reflejan al interior del CNE. El organismo atraviesa una marcada división que analistas atribuyen a la politización de la institucionalidad electoral, ya que los cargos en el Consejo y en el tribunal electoral son repartidos entre los tres principales partidos del país.
Esa fractura quedó evidenciada durante la votación del informe, cuando el consejero Marlon Ochoa, representante del oficialismo, se negó a respaldar la resolución. “No debo ni puedo participar en un acto ilícito porque me convertiría en cómplice. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral”, declaró Ochoa tras la sesión.
Según el consejero, el CNE aún debe resolver al menos 288 impugnaciones, nulidades y reclamos presentados durante el proceso. A su juicio, avanzar hacia la proclamación sin atender estos recursos vulnera las garantías del escrutinio y el derecho de los partidos a una revisión adecuada de los resultados.
En ese contexto, Ochoa presentó la noche del martes una denuncia ante la Fiscalía para que investigue presuntos delitos electorales relacionados con el desarrollo del proceso y el manejo de las impugnaciones. La acción judicial se suma a un clima de creciente tensión política en la etapa final del conteo.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, advirtió sobre posibles intentos de interferencia en el proceso y pidió a la comunidad internacional mantener una vigilancia activa. A través de su cuenta en la red social X, hizo un llamado a las misiones de observación nacionales e internacionales a estar atentas “a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos”.
Mientras Honduras se aproxima a la proclamación de su próximo presidente, el desenlace del proceso electoral continúa rodeado de incertidumbre, con un país atento a una decisión que podría marcar el rumbo político de los próximos años.
