Este miércoles, en horas de la mañana, autoridades hondureñas capturaron a dos exdiputados del Congreso Nacional acusados por delitos de fraude.
Los implicados, identificados como Sara Medina, exdiputada por El Paraíso, y Carlos Roberto Guevara, exdiputado suplente por Copán, son señalados como autores materiales de fraude en perjuicio de la administración pública.
La orden de captura fue emitida por un juzgado de jurisdicción nacional especializado en crimen organizado y corrupción como parte de la operación denominada Justicia, que ha estado en marcha desde la mañana de este miércoles.
Sara Medina, esposa del excomisionado de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velásquez, ya estaba bajo la lupa del Ministerio Público desde enero pasado. En ese entonces, como parte de la Operación Poseidón, se le incautaron 13 propiedades, incluyendo una residencia en Comayagüela, un terreno en Tegucigalpa, cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y un total de 7.3 millones de lempiras, para investigar un presunto “incremento patrimonial injustificado”.
Un juez de privación de dominio programó para el 30 de enero de 2024 la lectura del fallo que determinará el destino de los bienes del excomisionado Mejía Velásquez.
Como parte de la operación Justicia, también se capturó a una tercera persona identificada como José Rogelio Sánchez García, relacionada con el mismo caso de fraude.
Requerimiento del MP
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal relacionado con un presunto fraude que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de los cuales ejercieron durante el periodo 2006-2014 y los dos restantes durante 2010-2014.
La acusación se extiende a dos personas adicionales, señaladas como cooperadores necesarios en el delito de fraude. La trama, según la investigación, implicaba desviar más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional a través de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), una organización no gubernamental.
Los exdiputados, valiéndose del Fondo de Desarrollo Departamental (derogado en agosto de 2023), según en MP, ejecutaban proyectos sociales mediante ONGs. Sin embargo, los fondos eran transferidos a cuentas personales de los mismos diputados y otros legisladores, quienes los utilizaban para fines diferentes a los asignados originalmente.
La investigación desveló gestiones irregulares de subsidios otorgados a exparlamentarios, justificados bajo proyectos de desarrollo social que no fueron debidamente presentados.
Se identificaron 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a la cuenta de la AJOPADIH en un periodo de seis meses. Uno de los imputados como cooperador necesario se autoacreditó 28 millones de lempiras y realizó depósitos en 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El dinero restante fue trasladado a terceros sin justificación.
