El Gobierno de Estados Unidos comunicó ayer que procedió a dejar sin visa a todos aquellos funcionarios del Gobierno actual que han socavado la democracia y han generado violencia entre los hondureños.
El Departamento de Estado condenó el reciente uso de la violencia en Honduras para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de forma interina de un fiscal general y un fiscal adjunto.
“Hoy estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciertas personas, según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Varias de estas personas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otras fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en lesiones”, indicó la institución en un comunicado.
Igualmente, el Gobierno estadounidense advirtió que “estas acciones antidemocráticas socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 2001.
“Nos sumamos al llamado de la comunidad internacional a favor del orden regular para restaurarse por medios pacíficos, transparentes y democráticos”, exhortó.
Asimismo, recordó que Estados Unidos apoya al pueblo hondureño y a quienes buscan fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Honduras, y seguimos comprometidos en promover la rendición de cuentas de quienes lo socavan”.
Sin nombres
En el comunicado, titulado “Tomando medidas para imponer restricciones de visas en respuesta a acciones violentas antidemocráticas en Honduras” y firmado por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, se omite la cantidad de sancionados y los nombres de los funcionarios, argumentando que “los registros de visas son confidenciales según la sección 222(f) de INA” y que “las solicitudes individuales de la sección 212(a)(3)(c) de INA no pueden divulgarse públicamente”.
Sin embargo, diversos sectores apuntan a que detrás de los acontecimientos denunciados por el gobierno de Joe Biden está la junta directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Rolando Redondo Guifarro, del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Este organismo está integrado por Hugo Noé Pino (Libre), Edgardo Casaña (Libre), Rasel Tomé (Libre), Sherly Arriaga (Libre), Ricardo Elencoff (Liberal) y Kritza Pérez (Liberal).
Isis Cuellar (Libre), Rosario Tejeda (Liberal), Carlos Zelaya (Libre), Luz Angélica Smith (Libre), Carlos Raudales (Democracia Cristiana), Fabricio Sandoval (Libre), Linda Donaire (Libre), Juan Barahona (Libre) y Silvia Ayala (Libre) completan la junta directiva.
Asimismo, se recuerda que los actuales fiscales interinos Johel Zelaya (general) y Mario Morazán (adjunto) fueron elegidos por una comisión permanente, integrada por nueve diputados, algunos de los que también son parte de la junta directiva. Es el caso de Redondo, Zelaya, Noé Pino, Smith y Ayala, así como Pérez, Tomé, Carbajal y Casaña.
Otros diputados en la mira por su incitaron a la violencia serían Sergio Castellanos y Mauricio Rivera, ambos de Libre.
Por otro lado, se menciona a funcionarios que incitaron a la violencia, como ser Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica; José Cardona, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad -por su omisión durante las agresiones a diputados de la oposición-; Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR); Miguel Briceño, comisionado presidencial para la reforestación, entre otros.
Recordatorio
“Aplaudo las medidas para imponer restricciones a los comunistas hondureños. Las restricciones de visa son un claro recordatorio de las consecuencias de socavar la democracia. El Gobierno en el poder en Honduras debe reflexionar sobre sus acciones irregulares y su impacto negativo”, sostuvo el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, fundador del Partido Alianza Patriótica.
Por su parte, Salvador Nasralla, líder del PSH afirmó: “Los Estados Unidos condenan el uso de la violencia e intimidación para nombrar irregularmente a los fiscales general y adjunto. Informan que están tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciudadanos que llaman a movilizaciones y ataques físicos contra los que buscan se respete la democracia. Las acciones que se están tomando en Honduras en el Congreso nacional no están de acuerdo con los principios de la Carta Democrática Interamericana que Honduras firmó en 2001”.
“Es realmente impresionante cómo 9 amigos que tienen en común el síndrome de hubris, caracterizado por un ego desmedido y desprecio por las opiniones y necesidades de los demás. Hoy estos 9 amigos han asesinado el agonizado Ministerio Público, generando incertidumbre, ahuyentando la inversión, incentivando el desempleo, la violencia, la migración, desplazamiento forzado, carencia de medicamentos, canasta básica más cara, debilitando la democracia y el Estado de derecho”, expresó Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional.
Por otro lado, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, posteó en la red X (antes Twitter): “Condenamos los intentos de socavar la democracia hondureña mediante la violencia y actos de intimidación para permitir el nombramiento sin precedentes de un Fiscal General y un Fiscal General Adjunto interinos sin los votos necesarios”.
En Guatemala cancelaron visa a 300 diputados y funcionarios
Ciudad de Guatemala. Que la Fiscalía amenazara con anular las elecciones generales, donde resultó ganador Bernardo Arévalo el 21 de agosto, provocó que Estado de Estados Unidos impusiera restricciones de visa a casi 300 guatemaltecos el lunes 11 de diciembre de 2023.
Según Estados Unidos, que incluyó a 100 miembros del Congreso, entre los 300, la acción se produjo por “socavar la democracia” de Guatemala.
De hecho, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, señaló al Ministerio Público de Guatemala de realizar “acciones antidemocráticas” contra el presidente electo.
Órdenes de arresto contra trabajadores electorales, la solicitud para retirar la inmunidad judicial de Arévalo y los intentos de anular los resultados electorales son, para Miller, los factores que motivaron a Estados Unidos para la restricción de los visados. Pese a que Estados Unidos no detalló los nombres de las personas que no podrán entrar a ese país, sí explicó que la acción busca “promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala”.
