Sabrina Shroff, abogada que forma parte del equipo de defensa legal del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), advirtió que el Tribunal (que lleva el caso) aún no fija un plazo para la notificación de información clasificada, lo que podría acarrear consecuencias en el juicio del exmandatario.
En un escrito dirigido al juez Kevin Castel, Shroff señala que “La Orden del Tribunal no abordó las secciones de notificación del estatuto de la CIPA, en particular la sección 5, que exige la -notificación de la intención del demandado de revelar información- en el juicio”.
En ese sentido, aseguró que la defensa del expresidente Hernández podría perder la oportunidad para usar la información clasificada (Classified Information Procedures Act, CIPA) en el juicio por narcotráfico programado para el próximo 5 de febrero de 2024.
Asimismo, la abogada Shroff indicó que el Tribunal está obligado a establecer un cronograma específico para dicha notificación, no obstante, hasta el momento no lo ha hecho.
El argumento de la togada se basa en artículo 5 de la CIPA, que exige que el exgobernante se le revele detalladamente toda la información clasificada que pretende utilizarse en su juicio, de lo contrario se corre riesgo que no sea usada.
En tanto, recordó que la normativa CIPA estipula que en caso que el Tribunal no haya fijado un plazo específico para la notificación de dicha información, esta deberá realizarse dentro de los 30 días previos al juicio, esto de acuerdo a las secciones 5 y 6 de notificaciones y resoluciones de dicha ley.
Los abogados de Juan Orlando Hernández han afirmado que la información clasificada que pretenden usar en el juicio pertenece a agencias de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA), además de la Fiscalía de EEUU.
El pasado 29 de junio, se realizó la última audiencia de información clasificada, sin embargo, en esa oportunidad, el juez Kevin Castel de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, únicamente postergó el juicio contra Hernández y no fijó un plazo para la notificación de la CIPA.
JUICIO POR NARCOTRÁFICO
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Tras su salida del poder fue capturado en febrero de ese año luego de que Estados Unidos lo solicitara en extradición acusándolo de tres delitos asociados al tráfico ilegal de drogas.
Estuvo casi dos meses bajo prisión preventiva en la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFA), en Tegucigalpa. El 21 de abril de 2022, fue extraditado hacia EEUU en una aeronave de la Administración para el Control de Drogas.
Su caso se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde decenas de hondureños sindicados por delitos similares, incluido su hermano, Juan Antonio Hernández, han tenido en la Fiscalía y jueces a sus verdugos, siendo condenados incluso a cadenas perpetuas.
Cargo I: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.
Cargo II: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma.
Cargo III conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.
