La Ley de Colaboración Eficaz que se discute en el Congreso Nacional tiene por finalidad desarticular el crimen organizado y poner ante la justicia a los “peces gordos” de las estructuras criminales.
La normativa que establece otorgar beneficios a personas que brindan información o evidencias para la investigación penal, viene a ser una herramienta para fortalecer la investigación de los operadores de justicia y la lucha contra la impunidad en el país, sostienen diputados. Es la séptima ocasión que se presenta el proyecto al pleno de la Cámara Legislativa, pero la primera que se discute para su aprobación.
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Los primeros intentos fueron en el período 2014-2018 por el frente parlamentario de apoyo a la Maccih, a través del diputado Osman Aguilar y el vocero de la misión Juan Jiménez Mayor, y por medio del Poder Ejecutivo; sin embargo, ninguno paso a dictamen.
Entre el 2018-2022 los diputados Alex Reyes, Luis Redondo y Jari Dixon presentaron cada uno la iniciativa, pero fueron engavetadas. Es hasta la legislatura actual que el diputado de Libre Sergio Castellanos retomó el proyecto y lo presentó.
También el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, acompañado de la vicepresidenta Fátima Mena presentaron la normativa, ambos proyectos fueron turnados a una comisión especial que dictaminó favorablemente y la semana pasada se comenzó a discutir en primer debate.
Características
Los colaboradores que se acojan a la Ley, tendrán beneficios desde la abstención total o parcial de la acción penal, suspensión condicional de la persecución penal, rebaja de la pena o condena y hasta la libertad condicional, cuando hubiere cumplido un tercio de la pena en aquellos casos en que sea menor o igual a 15 años, establece el dictamen. No obstante, los beneficios se otorgarán siempre y cuando el colaborador voluntariamente brinde información sobre el hecho delictivo en el que participó u otro hecho del que tenga conocimiento, que admita los hechos que se le imputen, que devuelva los bienes, productos o ganancias del delito y que se comprometa a no cometer delito doloso.
“Esa es la ley de los peces gordos, y busca llegar a esas personas que por poder político o económico que han tenido dentro de las estructuras criminales han vivido en impunidad hasta la fecha”, dijo Fátima Mena, vicepresidenta del CN.
Posiciones
La Ley de Colaboración Eficaz requiere de mayoría simple para ser aprobada, es decir, 65 votos, pero en algunas las bancadas aún no definen su posición. “Puedo garantizar que tenemos los 10 votos del PSH, también la bancada del Partido Libre se ha manifestado a favor de esta ley”, indicó Mena. Sin embargo, en el Partido Liberal todavía analizan la normativa. Mario Segura, jefe de la bancada liberal, señaló que en las próximas semanas recibirán con más detalle de la norma para decidir sus votos.
Claves
1) La información que brinde el colaborar permitirá identificar a responsables de un delito o integrantes de estructura criminal, así como su desarticulación, evitar la continuidad de delitos y conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó un delito.
2) No se darán los beneficios a los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones, excepto cuando la información brindada permita identificar a miembros de igual o mayor rango dentro de esa organización o fuera de ella.
3) Para otorgar los beneficios, se tendrá en consideración el grado de eficacia o importancia de la colaboración, juntamente con el grado de responsabilidad en el delito cometido por el colaborador, así como la gravedad del mismo.
“Creemos que esta ley es importante, pero también debemos dejar claro que hay que estudiarla bien, crear las salvaguarda necesarias, cómo va quedar conformada, quién va a vigilar que el procedimiento que se haga sea no solo expedito, sino que garantice también que el Estado pueda recuperar bienes, se castigue a quien se tiene que castigar y que no vayamos a caer en la trampa de castigar a inocentes simplemente por que un testigo se presentarse como un colaborador eficaz”, indicó.
Asimismo, en el Partido Nacional tampoco definen su posición ante la Ley.
Justicia
Si bien es cierto la ley es creada como una herramienta para combatir la criminalidad organizada y la corrupción pública, dependerá en gran medida de la voluntad que tengan los operadores de justicia para aplicarla, considera el abogado Félix Ávila.
“Hay que entender que solo el hecho de tener la ley no es suficiente, se necesita además que exista voluntad de los operadores de justicia, voluntad de las autoridades que tienen la política criminal del Estado para ponerla en funcionamiento, pero obviamente también deben ser leyes bien diseñadas para que no vayan a complicar de una u otra manera que se dejen la salvaguarda necesaria para que personas verdaderamente quieran colaborar no beneficiarse de algunas cuestiones”.
Explicó que con la normativa será aplicable a procesos penales de hechos que hayan ocurrido anteriormente, “es decir, pueden haber ocurrido hace 10 años, pero si los procesos no han sido incoados, perfectamente puede utilizarse la nueva ley”. La ley amplía el criterio de oportunidad que establece el artículo 28, numeral 5 del Código Procesal Penal.
