Las abandonadas e inconclusas instalaciones del centro penal de La Acequia, Santa Bárbara, una comunidad que colinda con Naco, Cortés, están en la mira del Gobierno para reubicar a unos 2,500 presos.
Ayer en horas de la mañana, la presidenta Xiomara Castro junto con la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, visitaron las instalaciones en busca de rehabilitar el proyecto.
El centro penal se encuentra en un terreno de 200 hectáreas y desde 2016 se detuvieron las obras a pesar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obra está abandonada desde hace cinco años, según expertos, como se construyeron las celdas no pueden ser habilitadas.
La inspección de la mandataria y Villanueva se da bajo el proceso de intervención al sistema penitenciario del país y las medidas anunciadas por la viceministra de Seguridad.
El plan establece en el quinto punto “el traslado y reubicación de los privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso”.
Al habilitar el centro penal de Naco se procederá a reubicar a los reos de Támara, Francisco Morazán; El Pozo en Ilama, Santa Bárbara; La Tolva en Morocelí, El Paraíso, y la cárcel de Siria, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.
Además, el Gobierno reclasificará y aislará los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas; por lo que se hará un estudio y las instalaciones La Acequia podrían acoger estos presos.
Rehabilitación
La construcción de esta prisión surgió luego que el 17 de mayo de 2004 un total de 107 presos del penal de San Pedro Sula perdieran la vida como consecuencia de un incendio.
Osmín Bautista, ingeniero civil e integrante de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), fue uno de los supervisores de la obra hasta que se detuvo en 2016.nBautista precisó que se realizaron informes sobre la construcción, investigada también por el Ministerio Público, y se hizo un cálculo en 2020 sobre la inversión para finalizar la cárcel.
“En 2020 se detalló que se ocupaban unos 800 millones de lempiras para concluir la construcción de la cárcel de Naco”, afirmó el empresario. Sandra Rodríguez, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP-Conaprev), contó que “la cárcel de Naco significa una gran erogación de fondos para el Estado, tendrían que ver la condición térmica en los módulos y precios en la actualidad”.
Actualmente el predio donde se determinó edificar el penal, una infraestructura con condiciones para la rehabilitación de 3,500 privados de libertad y que originalmente se diseñó de mínima y mediana seguridad, hoy se ha convertido en una enorme selva, hábitat de serpientes y otras alimañas.
La fundación que estaba a cargo de la construcción logró con el dinero que el Gobierno desembolsaba y acciones propias hacer dos módulos con seis pabellones cada uno.
