La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ha presentado una solicitud de antejuicio en contra del juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, en relación con el supuesto delito de prevaricato judicial que, señala la entidad, habría perjudicado gravemente la administración de justicia en Honduras.
Esta acción legal se suma a un caso anterior que involucra a la jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández, quien enfrenta un antejuicio similar por prevaricato judicial continuado.
Ambos casos tienen su origen en una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en 2009. En dicha resolución, la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) se vieron envueltos en una disputa que resultó en una condena al Estado hondureño por más de 51 millones de dólares, equivalente a más de mil millones de lempiras.
Además, en una segunda parte de la disputa resuelta el 30 de septiembre de 2022, se ordenó el embargo de la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) con un perjuicio económico de más de 106 millones de lempiras, lo que equivale a casi tres mil millones de lempiras.
Conflicto
Lo que hace este caso aún más significativo es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó el reconocimiento de la resolución arbitral internacional en agosto de 2013, argumentando que contravenía el orden público y violaba los procedimientos de arbitraje establecidos en la legislación nacional.
A pesar de esta decisión, la jueza Irisabel Lucía Miranda Hernández resolvió una parte de la demanda seis años después, y el juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio ejecutó la segunda parte de la demanda 13 años después.
En conjunto, estos fallos judiciales han resultado en un perjuicio económico para el Estado hondureño que supera los 157 millones de dólares, lo que equivale a más de tres mil 500 millones de lempiras.
En virtud de estas circunstancias, la Uferco ha solicitado a la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán que se autorice el inicio de un requerimiento fiscal en contra del juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio.
Además, se considera que este caso involucra a un grupo de personas sujetas a investigaciones de diversas instituciones, incluyendo el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.
En relación a este caso, cabe mencionar que una de las personas vinculadas, César Arnulfo Salgado Sauceda, exdirector del FHIS, fue sobreseído el año anterior en aplicación del decreto 04-2022, conocido como la Ley de Amnistía.
