Una mujer encabeza la nómina de cinco candidatos a fiscal general y fiscal adjunto enviada a la secretaría del Congreso Nacional por la Junta Proponente, la cual desde la entrega de la lista se disolvió.
La abogada Jenny Gabriela Almendares Flores obtuvo una nota del 95.5% y los abogados Mario Alexis Morazán Aguilera 87.98%, Marcio Cabañas Cadillo 84.36%, Johel Antonio Zelaya 80.94% y Pablo Emilio Reyes Theodore 75.29%, ellos son los ungidos por la junta para que de ellos el Congreso escoja a los dos altos funcionarios del Ministerio Público.
Según sus hojas de vida, los cinco son profesionales con una gran experiencia en el ámbito legal, algunos de ellos ya fueron procuradores del Ministerio Público. Con el envío de la lista al legislativo, ahora la elección de las dos principales cabezas de la fiscalía queda en manos de los 128 diputados del Congreso Nacional, quienes deberán realizar la elección a más tardar el primero de septiembre próximo, cuando finaliza el periodo del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y del fiscal adjunto Daniel Arturo Sibrián. Aunque se necesita una mayoría calificada (86 votos) para elegir al fiscal.
Una vez que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebecca Raquel Obando, dio a conocer los nombres de los cinco candidatos, Julio Raudales, miembro de la Junta Proponente, expresó que de ahora en adelante la elección de las nuevas autoridades que representarán los intereses de la sociedad es una decisión política y espera que los diputados sean “decentes” en la elección y lo hagan por el bien del país.
“Ojalá los políticos lo hagan por un mundo mejor. Nosotros elegimos a los mejores cinco con buenos criterios, pero ahora será el Congreso Nacional que los elegirá”. Explicó que una vez entregada la lista a la Secretaría del Poder Legislativo, la Junta Proponente en pleno quedaba disuelta. “El fiscal general y el adjunto deberán vacar en sus puestos el próximo 1 de septiembre”.
En torno a los recursos presentados por Mario Urquía y Luis Javier Santos, Omar Bonilla Jiménez y Juan Rafael Soto, ante la Sala de lo Constitucional, Raudales manifestó: “oficialmente la junta ha quedado disuelta una vez entrega el listado al Congreso Nacional; así es que los recursos de amparo presentados por cuatro abogados quedan sin valor y efecto porque la junta ya no existe”.
Riesgo
Una vez que el listado de los cinco nominados llegó al legislativo, la sociedad hondureña ya sabe que las bancadas de los partidos Libre, Nacional y Liberal entrarán en negociaciones y componendas para colocar a sus afines en la fiscalía.
Para saber
El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente en sus funciones.
Aunque esta vez los cinco candidatos no muestran una tendencia partidaria abierta, a Almendarez Flores y a Morazán Aguillera se le vincula con Libre; a Cabañas Cadillo y Zelaya Álvarez con el Partido Liberal y a Reyes Theodore con el Partido Nacional.
Frente las vinculaciones con Libre, Almendares Flores sostuvo: “yo me he caracterizado en la trayectoria de mi vida de ser una persona independiente. Creo que lo más importante es representar los intereses de la sociedad y me parece que para la persona que ocupe el cargo debe ser su primera meta”. Aseguró que siempre ha sido una persona independiente dedicada al ejercicio privado. “No milito de manera directa en ningún partido político, pero soy una persona con una consciencia social y con un deseo que en el país haya justicia”, detalló.
En mayo, el proceso de la selección de los cinco candidatos comenzó con la integración de la Junta Proponente, encabezada por Rebeca Raquel , presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La conformaron el magistrado de la Sala Constitucional, Wagner Vallecillo; Blanca Izaguirre, titular del Conadeh; representante de la Unah, Odir Fernández; de las universidades privadas, Julio Raudales; el representante del Colegio de Abogados, Alejandro Hernández, y el representante de la sociedad civil, José Ramón Ávila. Anoche trascendió que la Sala Constitucional admitió dos recursos de amparo interpuestos por dos aspirantes que quedaron fuera del proceso.
