El Gobierno de Honduras anunció este lunes que no sancionará el decreto de nuevo impuesto aeroportuario, luego de que la Barra de Abogados Anticorrupción interpusiera un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
'El recurso es contra el acto del Congreso Nacional de aprobar un documento que lesiona las garantías constitucionales', explicó Rafael Padilla, miembro de la agrupación de abogados.
Los profesionales del derecho aducen que aunque no se haya publicado el decreto en el diario oficial La Gaceta, el recurso de tal naturaleza 'se puede interponer contra leyes, actos, órdenes, hechos'.
Según Padilla, el decreto obstaculiza el derecho de los hondureños de entrar o salir de Honduras en cualquier momento.
No sancionará decreto
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Bonilla, informó mediante un comunicado que el presidente Porfirio Lobo no sancionará el nuevo impuesto aeroportuario hasta revisar la propuesta que aumenta en 34 dólares la salida y entrada de pasajeros.
Bonilla leyó un escueto comunicado emitido por el Poder Ejecutivo en el cual confirma que Lobo, 'a petición del presidente del Congreso Nacional', no sancionará el decreto.
Agregó que el mandatario decidió 'no sancionar el contrato de control de identidad de pasajeros internacionales para que se hagan las revisiones correspondientes por técnicos de la Secretaría del Interior y Población'.
Villeda: 'Trancazo es un acto de corrupción en Honduras”
Antes de su próximo viaje familiar saque la calculadora porque, además de pagar, quizá, un poco más por los boletos con su línea aérea, el presupuesto para lostrancazo orquestado por el gobierno de Lobo Sosa que está por entrar en vigor.
Aunque será vigente 120 días después de que salga publicado el decreto aprobado la madrugada del 14 de diciembre, la “segunda” tasa de seguridad aprobada a espaldas de los hondureños ya ha generado rechazo casi generalizado entre los viajeros frecuentes y muchos visitantes por turismo y negocios.
Y no es para menos porque el costo global de los gravámenes se elevará de 34.80 dólares (633 lempiras) que se cobra por concepto de cuatro tarifas a 68.80 dólares (1,320.27 lempiras).
Esta es la consecuencia de la tasa de 34 dólares con la que se castigará a quienes entren y salgan de Honduras por las cuatro terminales aéreas internacionales, de acuerdo con el contrato firmado entre la Secretaría de Estado del Interior y Población, SEIP, y la compañía estadounidense Securiport para el control migratorio de los viajeros.
En el caso de los extranjeros que salgan o entren por esa vía, el valor total a pagar será de 71.80 dólares (1,377.84 lempiras), pues estos cancelan tres dólares más en los impuestos aeroportuarios que ya están establecidos.
Corrupción, a todas luces
Para el aspirante presidencial liberal Mauricio Villeda, el “trancazo” aprobado por el Congreso Nacional “es un acto de corrupción del gobierno de Porfirio Lobo Sosa”.
“Si la Policía está contaminada por la presencia en sus filas del crimen organizado, también lo está el Poder Ejecutivo por las irregularidades administrativas que se ven a todas luces”, señaló el político liberal que busca la silla presidencial.
“La corrupción se hace favoreciendo a empresas nacionales o extranjeras para que se lucren con contratos en perjuicio del pueblo hondureño”, dijo.
Lo aprobado por el Congreso a instancias del Ejecutivo, con el argumento de evitar la llegada al país de delincuentes involucrados en el crimen organizado, no tiene justificación porque este tipo de criminales no utilizan las aduanas para ingresar en el país.
“Los narcotraficantes no entran por las aduanas, entran en avionetas y aterrizan en Honduras y nunca se ha capturado a un narcotraficante; solo se encuentran las avionetas quemadas, sin la droga. Jamás se ha apresado a un piloto o un copiloto.
Los narcotraficantes no entrarán por las aduanas, no van a darse el lujo de estrenar esos sofisticados sistemas que puedan instalarse en todas las aduanas de Honduras. Es un error lo que se está cometiendo desde el Gobierno y se está creando animadversión a la clase política”.
Luego subrayó: “No vamos a permitir la violación de la ley ni el disimulo de la ley en la aprobación de contratos. Vamos a exigir transparencia, vamos a exigir licitación” para este tipo de contratos como el que está firmando el Gobierno con la empresa norteamericana Securiport.
Villeda dijo que tiene información de que a los ministros se les instruyó para que no se refirieran al asunto con el fin de no crear escándalo. “Eso es oscuridad, son situaciones grises”, agregó.
Seguridad biométrica
El contrato entre SEIP y Securiport establece que la firma cobrará 17 dólares cada vez que un viajero internacional salga y 17 dólares por entrar en el territorio nacional.
El contrato dice literalmente que la Secretaría del Interior acepta que “Securiport reciba 17 dólares por cada pasajero que entre y 17 dólares por cada pasajero que salga de la República de Honduras a través de los aeropuertos internacionales”.
Esta valor será como pago del servicio del registro biométrico que Securiport hará en 22 puntos migratorios, incluyendo los cuatro aeropuertos internacionales.
Hombres de negocios, turistas, estudiantes y cooperantes, entre otros, serán afectados con este golpe al bolsillo contra el que nadie tuvo la oportunidad de reaccionar por la forma oscura en que los legisladores lo aprobaron.
Entre los responsables directos del calificado como “nuevo trancazo” está el propio presidente Porfirio Lobo, que el 24 de marzo de 2011 aprobó el acuerdo ejecutivo 29-2011 con el cual se autorizó a la Secretaría del Interior para que firmara, sin licitación, un contrato para adquirir los servicios de una empresa que vigilara con mecanismos avanzados el ingreso y la salida de nacionales y extranjeros del país.
El ministro Áfrico Madrid, como fiel subalterno de Lobo, firmó el contrato con la empresa Securiport por diez años el 9 de mayo de 2011 y, luego, el CN lo ratificó en su última sesión mediante decreto 252-2011.
El objetivo de esta contratación, según el convenio, es que, mediante la nueva tasa de seguridad que se crea, se mejore la vigilancia en las aduanas pare evitar la infiltración del crimen organizado.
El contrato se hizo directamente, o sea sin licitación, porque Securiport es la compañía que tiene la patente de sistema de registro biométrico que se instalará, justifican desde el Gobierno.
Cuarta tasa de seguridad
El Gobierno ya había aprobado en 2011 la Ver más noticias de Honduras
