En una revisión del proyecto del instrumento para el desarrollo correspondiente al año 2024, LA PRENSA verificó que la cantidad de guardaespaldas permitidos para los funcionarios del actual gobierno se elevará de dos a tres, según lo establecido en el artículo 257 del decreto legislativo 157-2022, contenido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023.
La disposición, reflejada en el artículo 226 de las disposiciones generales del presupuesto para el próximo periodo de 12 meses, establece que "los funcionarios que utilicen seguridad personal con fondos públicos deben limitarse a un máximo de tres personas".
Esta normativa busca "regular el gasto asociado a la seguridad personal de los funcionarios, subrayando la importancia de la austeridad en el uso de recursos públicos".
Cabe destacar que esta medida representa una modificación con respecto a la situación anterior, donde el límite de guardaespaldas estaba establecido en dos personas. Sin embargo, la disposición menciona una excepción para lo que ya está establecido y vigente en la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario bajo el decreto 323-2013.
En el contexto de esta modificación presupuestaria, varios sectores de la sociedad han expresado su preocupación y cuestionamiento hacia la administración pública.
Además de abordar el tema del uso de seguridad personal financiada con fondos públicos, se han señalado prácticas como el alquiler de vehículos blindados, las cuales impactan directamente en las finanzas del Estado.
