El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras denunció este martes que varios aspirantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) que será electa en enero de 2023 tienen vínculos con “estructuras criminales”, lo que podría inhabilitarlos para integrar el Supremo.
“En el desafío para que Honduras elija magistrados/as por su integridad y ética, el CNA presenta hallazgos de la relación de postulantes con estructuras criminales y políticas”, indicó el organismo contra la corruptela en Twitter.
Señaló además que “el trabajo no es fácil, pero no cederemos en la lucha para que se instale una CSJ independiente y proba”.
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La denuncia la hizo el CNA justo hoy, que finaliza el plazo para presentar ante la Junta Nominadora denuncias en contra de los que buscan una candidatura para la elección de los quince nuevos magistrados de la CSJ.
La Junta Nominadora escogerá, entre más de un centenar de aspirantes, a 45, cuyo listado enviará a inicios de enero al Parlamento para que elija a los nuevos magistrados de un poder que, no de ahora, ha sido salpicado por denuncias de presunta corrupción y narcotráfico de jueces y magistrados.
La actual CSJ es acusada por haber permitido que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado en abril a Estados Unidos, donde enfrenta juicio por narcotráfico, buscará en 2017 su reelección en el Ejecutivo, pese a que la Constitución no permite eso bajo ninguna modalidad.
A la denuncia de hoy del CNA se sumó la presentación de trece tachas contra aspirantes a ser magistrados hecha por la Coalición Contra la Impunidad (CCI).
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El representante de la CCI, Santos Guifarro, dijo a los periodistas que en las tachas presentadas hay señalamientos por corrupción y lavado de activos que salpican a varios aspirantes a magistrados.
Según la ley, la Junta Nominadora deberá analizar las denuncias contra los aspirantes, quienes tendrán al menos cinco días para desvanecer las acusaciones.
Antes de las denuncias hechas hoy, la Junta Nominadora había recibido otras 48.
La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que llene las aspiraciones de los hondureños, en un país donde las principales instituciones responsables de impartir justicia están desacreditadas, es uno de los retos del Parlamento del país centroamericano, que tampoco goza de credibilidad entre muchos sectores.
