Tegucigalpa
El juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó el sábado la medida de sobreseimiento provisional a Gabriel Alfredo Rubí, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), y otras tres personas por la sobrevaloración de percoladoras.
Gabriel Rubí seguirá preso, pero por otro caso. El pasado 16 de octubre, un juez en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción ratificó un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva por la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia del covid-19.
En el caso de las percoladoras
Según el MP, los acusados utilizaban empresas de fachada para facturar las compras, inicialmente por un monto de siete millones de lempiras. Posteriormente, estas empresas, en complicidad con Copeco, inflaron los precios de los productos hasta alcanzar los 12 millones de lempiras.
La audiencia preliminar fue programada para el próximo 29 de octubre a las 9:00 am, donde ambas partes procesales podrán interponer un recurso de apelación.
Caso de las percoladoras
La Unidad Fiscal de Apoyo Fiscal (Unaf) tiene un plazo de cinco años para presentar nuevos elementos de prueba que puedan llevar al juez a retomar el proceso judicial. El exfuncionario es acusado por la comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Los otros imputados que comparecieron en audiencia inicial son Júnior Alexander Benítez, Patricia Paz y Pedro Antonio Núñez, acusados de fraude a título de cooperador necesario. Los imputados eran acusados de sobrevaloración de percoladoras para café por un monto de cinco millones de lempiras aproximadamente.
Cabe mencionar que la medida fue otorgada por la falta de acreditar el mínimo indicio racional de participación de los encausados en los hechos que se le atribuyen.
El caso de los ventiladores
Rubí es señalado de estar involucrado en la compra de ventiladores mecánicos incompletos durante su gestión en Copeco. La compra de estos ventiladores fue de más de 63 millones de lempiras y, pese a su costo y urgencia por ser requeridos en medio de la pandemia de covid 19, no traían todas las piezas necesarias.
Bárbara Castillo, vocera de los juzgados capitalinos, mencionó que el ente del Estado tiene cinco años para incorporar nuevos elementos o los ya descritos en el expediente y celebrar una audiencia de persecución.
Según el informe del MP, Copeco fue autorizado por el decreto ejecutivo PCM 005-2020 para gestionar recursos durante la pandemia, pero en lugar de adquirir suministros esenciales compraron productos innecesarios como lavadoras, secadoras, televisores y camas, todos con precios inflados.
Los implicados en este caso se hacían pasar por funcionarios de Copeco para facilitar negociaciones falsas con una empresa distribuidora de productos, aparentando transacciones legítimas.
