Lotes de terrenos valorados entre los 25,000 y 45,000 dólares (alrededor de 700,000 y 1.1 millones de lempiras) fueron vendidos por inversionistas canadienses a sus connacionales en zonas residenciales y turísticas de Trujillo; pero nunca entregaron las propiedades.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y militares del 15 Batallón aseguraron ayer 233 lotes de terrenos por orden del juzgado de Privación de Dominio.
Las autoridades tomaron la determinación luego de que personas de origen canadiense y otras nacionalidades interpusieran las denuncias, pues compraron los terrenos; pero nunca les entregaron los títulos de sus propiedades.
La acusación señala que de 2008 a la fecha, Randy Roy Jorgersen, Darren Wade Weeks y Malik Zachariah, conocido también con el nombre de Mali Zoharan, celebraron contratos de compraventa de terrenos para un proyecto inmobiliario denominado Campa Vista, en donde compradores, también de origen canadiense, invirtieron en lotes de terrenos valorados entre los 29,000 y 45,000 dólares.
Los vendedores inversionistas tenían conformadas tres empresas, una de esas llamada Desarrollo Visión de Vida, representada por Randy Roy Jorgensen, quien ofrecía lotificar, desarrollar, vender, traspasar y administrar supuestamente el desarrollo inmobiliario en Honduras. En Life Vision Properties, de Walik Zachariah, recibían el dinero que los compradores mandaban de Canadá.
Para saber
Se conoció que el acusado Randy Roy Jorgesen es un inversionista que ha llevado varios cruceros a Trujillo. Las empresas que constituyó para la inmobiliaria han cerrado.
La tercera empresa es Fast Track to Cash, representada por Darren Wade Weeks, quien promocionaba el desarrollo inmobiliario a través de seminarios de inversión en Canadá.
Luego de que los lotes de terrenos fueron pagados por los extranjeros, los dueños de las empresas les cobraron el impuesto de tradición del 1.5% del valor de la compraventa.
Los denunciados escrituraron la compra venta por cada terreno por 50,000 lempiras, evitando el impuesto que cobraron y que debían cancelar al Estado de Honduras.
Las escrituras públicas se les otorgaron a través de un tercer estipulante que actuaba en representación de los compradores, además de ello los vendedores les cobraron tasas de administración durante cerca de 10 años y aún no han hecho el proyecto inmobiliario.
