Una comisión especial del Congreso Nacional elabora el dictamen sobre un proyecto de ley conocido la semana pasada que busca eliminar la mora agraria.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró la inaplicabilidad del decreto 18-2008 por medio del cual se pretendía resolver más de 500 expedientes engavetados en el Instituto Nacional Agrario. Al conocer esta resolución del Poder Judicial, el Congreso Nacional -en coordinación con el Poder Ejecutivo- elaboró un nuevo proyecto que sustituye al declarado inconstitucional por la CSJ.
Esta acción ha venido a detener momentáneamente las medidas de presión de las confederaciones campesinas; sin embargo, hay ambiente de alerta. “No estamos propiciando movilizaciones porque implican costos económicos, sacrificios de mujeres, de niños y ancianos. Lo que pretendemos es que se nos escuche a través del Legislativo y que de alguna manera podamos resolver este problema”, afirmó el secretario general del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, Santos Cornelio Chirinos.
El dirigente apeló a la “buena voluntad” de la Federación de Ganaderos y Agricultores de Honduras, Fenagh, para que no presente otro recurso de inconstitucionalidad al nuevo decreto que seguramente aprobará el pleno del Congreso. Hasta ayer la Fenagh todavía no se había pronunciado sobre este problema agrario que tiene su origen en las ocupaciones masivas de tierras por parte de campesinos que el Estado nunca resolvió y se fueron acumulando al extremo de que hay casos que tienen hasta cuarenta años.
