Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, que integran el mecanismo regional del Escudo de las Américas, emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación política en Bolivia.
En el pronunciamiento, los países, entre ellos Honduras, condenaron lo que califican como “esfuerzos continuos” para derrocar al gobierno del presidente Rodrigo Paz, al que consideran legítimamente electo y con amplio respaldo popular.
El bloque regional, denominado Escudo de las Américas, expresó su respaldo al Ejecutivo boliviano ante los intentos de desestabilización que, según la declaración, buscan revertir el orden democrático en el país andino.
Asimismo, los Estados firmantes denunciaron acciones que, según afirman, pretenden obstaculizar la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población, mediante bloqueos en carreteras que califican de “falsos” o promovidos con fines políticos.
La declaración también advierte sobre la presunta participación de grupos desestabilizadores financiados con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico y del crimen transnacional, a quienes exigen rendir cuentas por sus acciones.
Los países miembros señalaron que las protestas con reclamos legítimos deben canalizarse a través del diálogo con las autoridades, e instaron a no permitir que dichas demandas sean instrumentalizadas por actores que busquen recuperar el poder por vías no democráticas.
Finalmente, el comunicado conjunto reafirma el compromiso de los países del Escudo de las Américas con la estabilidad democrática en la región y con el respeto a los resultados electorales como única vía legítima para el acceso al poder.
Crisis social y política en Bolivia
Bolivia afronta una creciente crisis social al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que han generado el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país.
Esta situación agrava la crisis económica que viven los bolivianos desde 2023, marcada por la escasez de divisas y la inflación, por lo que suman las voces que piden que Paz declare un estado de excepción ante la negativa de los sectores movilizados a dialogar.
Los bloqueos de carreteras, que se realizan desde el 6 de mayo, son liderados por la Federación de Campesinos 'Tupac Katari', la Central Obrera Boliviana (COB), algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto y grupos leales al exmandatario Evo Morales (2006-2019), quienes sostienen que su "única demanda" es la renuncia de Paz.
Las medidas afectaron inicialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, pero desde hace semanas se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, con al menos un centenar de puntos donde persisten los cortes de ruta.
Estos sectores dicen que el Ejecutivo los marginó de las decisiones gubernamentales y acusan a Paz de intentar privatizar y elevar las tarifas de los servicios básicos mediante un paquete de al menos diez leyes sobre energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos, algo que el Gobierno ha negado.
