El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta la primera gran crisis política de su gobierno, en medio de la recesión económica que atraviesa el país, con protestas y movilizaciones concentradas en el área andina que exigen su renuncia apenas seis meses después del inicio de su mandato y que están afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz.
Paz ya afrontó protestas entre diciembre y enero, cuando retiró la subvención de los combustibles, aunque logró acuerdos que frenaron las movilizaciones.
Los analistas políticos Huáscar Pacheco y Vladimir Peña coincidieron -en declaraciones a EFE- en que la base del conflicto político está en la crisis económica, pero también señalaron los “errores” cometidos por el gobierno de Paz y una influencia del “evismo”, la corriente afín al expresidente Evo Morales (2006-2019).
No obstante, los consultados advirtieron que la complejidad de la crisis no puede atribuirse únicamente a esa agrupación o a los sectores afines, debido a su “reducida” presencia política en comparación con el pasado.
Pacheco, experto en conflictividad política, subrayó que el deterioro de las condiciones de vida, la inflación y la escasez de combustible y de dólares son parte de la “crisis multidimensional” que ya afectaba a Bolivia antes de que Paz asumiera la Presidencia el 8 de noviembre pasado.
Los organismos multilaterales han pronosticado un decrecimiento económico en 2026 de hasta el 3.3%, tras la contracción del 1.58% sufrida en 2025, año en que la inflación llegó al 20.4% en una economía donde un 85% de la población es informal.
El analista advirtió que esos problemas seguirán latentes por la prolongada crisis, pero señaló que las demandas han mutado rápidamente a un escenario de conflictividad marcado por posiciones políticas “irreductibles”, lo que dificulta una salida negociada.
Los “conflictos ideológicos políticos son muy difíciles de negociar”, añadió Pacheco, aunque consideró que incluso en ese contexto debe buscarse una solución a través del diálogo, antes que con acciones de fuerza amparadas bajo una eventual declaratoria de “estado de excepción”, como han solicitado algunos sectores conservadores.
