El hacinamiento, la escasa alimentación y las malas condiciones de las cárceles son los principales problemas que se registran en la mayoría de centros penitenciarios del país.
Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, existe una población encarcelada de al menos 16,000 personas, de las cuales el 68% está hacinada. Para reducir esta sobrepoblación se invirtió en nuevos centros penales.
Actualmente están en construcción tres nuevas cárceles ubicadas en Ilama y Naco en Santa Bárbara y Morocelí, El Paraíso. En El Porvenir se construyó una cárcel que se inauguró el año pasado y en la que se invirtieron dos mil millones de lempiras.
Rigoberto Chang Castillo, titular de Gobernación, vaticinó que estos centros estarán finalizados en junio de 2015, los que albergarán a más de cinco mil reos, los que dejará el hacinamiento en un 9%.
“Estos centros estarán terminados en junio del próximo año y tienen una capacidad de cinco mil personas; de esa manera vamos a terminar con el alto hacinamiento que anda en un 68% de la población total. Con esto quedaríamos entre 7 y 9% de hacinamiento”, calculó.
Dijo que aunque se calcule quedar con un porcentaje bajo de sobrepoblación penitenciaria, seguirán resolviendo el problema; además, mejorarán las condiciones de vida y darán mayor capacitación a los reos.
La cárcel en El Porvenir ya está en funcionamiento.
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LA PRENSA recorrió las zonas adonde se edifican los nuevos penales y es notorio el avance, aunque en casos como el de Naco se les está agotando los fondos.
En Morocelí, El Paraíso, la obra ha avanzado un 15% en cuatro meses de trabajo. Julio Pineda, gerente del proyecto, indicó que esta cárcel está orientada a presos de mínima y mediana seguridad. La construcción inició en marzo y se calcula que tendrá una duración de 18 meses.
El ingeniero explicó que después de la nivelación del terreno se estarán construyendo todas las superestructuras de edificios, los cuales se trabajan de manera simultánea. Entre ellos están el edificio general de prisión, el espacio adonde recibirán talleres los reos, el área de visitas y otros espacios.
En este centro están laborando 380 personas de forma directa, de esa cifra el 70% es mano de obra local que comprende Morocelí, Ojo de Agua, Villa de San Francisco y Yuscarán, aseguró el encargado del proyecto.
Pese a que la obras avanzan, habitantes del municipio oriental mantienen el temor por la construcción del centro penitenciario.
Nora Trujillo, habitante de Morocelí, declaró que tiene tiene cierto grado de miedo por las consecuencias que podría atraer este centro de reclusión.
“No estaba de acuerdo porque esta comunidad ha sido muy sana y me da temor que se pierda la seguridad del pueblo. Además, las señales de celular son bloqueadas en las cárceles y eso nos puede afectar”, lamentó.
También se visitó el centro penal que recién fue construido en el municipio de El Porvenir, en el norte de Francisco Morazán, el cual alberga a más de 60 reos, según cifras el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev), pero por normas internas no se puedo ingresar a las instalaciones.
Rehabilitación obligada
La Ley del Régimen Especial de Rehabilitación Laboral para Personas Privadas de Libertad que está parcialmente aprobada obligará a los reos a trabajar 1,400 horas anuales como mínimo.
La coordinación quedará a cargo de la Dirección del Sistema Penitenciario Nacional y del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Será atribución del director nacional del Instituto Penitenciario Nacional (IPN) elaborar el programa de trabajo anual para cada penitenciaría ya sea en reforestación, reciclaje de material orgánico e inorgánico, fabricación de pupitres, pizarras, ladrillos y bloques, además de picar piedra, hacer zanjas y mover arena.
La ley contiene sanciones para los reos que no cumplan con la normativa. Trabajarán en obras públicas dentro y fuera del penal.
El informe de 2014 del Conaprev reveló que las cárceles de Honduras están sobrepobladas en un 300% debido al incremento de los delitos que conllevan prisión preventiva.